La renuncia de Joaquín García Díez a su plaza de concejal dejó a la oposición municipal empatada (ocho ediles del PP y cuatro del BNG) con el grupo de gobierno, el socialista (12 concejales). En la sesión plenaria de ayer, ante el empate, el alcalde, José López Orozco, tuvo que hacer uso del voto de calidad para impedir que prosperase la proposición popular, apoyada por el BNG, para iniciar los trámites para la revisión del plan especial del casco histórico y dejar en suspenso mientras tanto los expedientes abiertos a establecimientos del recinto amurallado por toldos, rótulos y letreros. Esta decisión fue adoptada ante un numeroso grupo de comerciantes y hosteleros. El PP dijo que ni los edificios del Concello respetan el PEPRI.
La exposición que de la propuesta popular hizo Jaime Castiñeira levantó el aplauso del público; el alcalde, de modo muy comedido, avisó de que no están permitidas en el desarrollo de las sesiones plenarias las demostraciones de apoyo o rechazo. En otro caso -avisó- adoptaría «algunha medida».
La delegada de Urbanismo, María Novo, afirmó que mientras no esté aprobado el Plan Xeral de Ordenación Municipal no se puede dar el visto bueno a la revisión del plan especial del casco histórico (PEPRI). Tanto el popular Castiñeira como la nacionalista Paz Abraira le replicaron que aprobar no, pero nada impide iniciar los trámites y estudios. Castiñeira aportó datos llamativos. Dijo que, de acuerdo con la interpretación que hacen algunos servicios municipales (se refería a la oficina del Plan Urban), la aplicación del PEPRI crea situaciones poco deseables. Así, señaló que como en el citado plan se establece que el color de las puertas y de las ventanas tiene que ser el mismo, la puerta de la casa consistorial tendría que ser lacada. También indicó en esta línea que el centro municipal de interpretación de la Muralla y de atención al turista, en la plaza del Campo no cumple la normativa. Lo mismo le ocurriría, según el edil, a la puerta del edificio del antiguo Banco de España. Aludió igualmente al edificio municipal de Quiroga Ballesteros.
El Bloque también se mostró convencido de que la actuación del Ayuntamiento con respecto al control de rótulos y toldos en el casco histórico no es la más correcta, desde el punto de vista de la información.
Novo negó que el Concello no hubiese actuado antes de ahora en el casco histórico. Así dijo que desde la entrada en vigor del PEPRI, hace 12 años, hubo 95 órdenes de ejecución de obras, 272 expedientes disciplinarios, 651 licencias de obras mayores, más de mil menores y 865 licencias de actividad. Aseguró que el Concello envió unas seis mil cartas a comerciantes y hosteleros, se informó a 198 empresarios mediante cita concertada y hubo varias reuniones con distintos colectivos. Aseguró que no se pueden parar los expedientes de reposición de legalidad (no hay ninguno por farmacias) y afirmó que aún no hubo sanciones.