La mayoría de representantes del sector privado de la hostelería tanto de albergues privados como de establecimientos hosteleros solicitan a la administración autonómica que no sea tan permisiva a la hora de ofrecer posibilidades de alojamiento de manera gratuita a los peregrinos en fechas que no sean de temporada alta.
Uno de los lugares que han suscitado las mayores quejas es el de Portomarín por tratarse también de una de las poblaciones con menos habitantes de los cuales una gran parte tienen sus ingresos principales del turismo y, sobre todo, del camino. La localidad cuenta con un albergue público que oferta 101 camas y de un anexo a esta instalación que ofrece otras 70.
Los empresarios de la localidad piden que se mantenga el mismo criterio que seguía el gobierno de la Xunta en la etapa Fraga, abrir el anexo para grupos y en temporada alta, haciendo una excepción los días en los que los locales privados registraban una ocupación del 100%. Ahora ambos locales están abiertos de manera permanente hasta que se llenan y hay muchos días que están repletos y quedan muchas plazas libres en la oferta privada.
A nivel global este problema se produce en la práctica totalidad de poblaciones de la ruta, que en muchos casos abren los polideportivos de manera indiscriminada sin tener en cuenta que hay mucha oferta de plazas en alojamientos locales.
Otra proposición que defienden los hosteleros es que en Galicia se suba el precio de las plazas en albergues públicos de los 3 euros hasta, como mínimo, los 5. Ponen como ejemplo que hasta entrar en Galicia los romeros tienen que abonar 7 euros por pernoctar en albergues de titularidad pública.
En lo que compete únicamente a los albergues privados, también lamentan que no rija la misma normativa que en los público. La administración exige a los empresarios privados un mínimo de 4 metros cuadrados por cama cuando en el caso de sus propios establecimientos en muchos casos no llegan ni a los 2 metros. También dicen que en algunos alojamientos de la Xunta las condiciones de salubridad no son excesivamente buenas.
Los empresarios consideran que sus exigencias no son tan descabelladas para que la administración autonómica no pueda asumirlas.