Hace sólo unos meses, que los registros civiles de Galicia han introducido las nuevas tecnologías en su trabajo diario con la aplicación informática INFOREG.
La digitalización de las solicitudes de registro de nacimientos, defunciones y bodas son una gran ventaja de cara a la facilidad de búsquedas futuras, pero «tenemos digitalizado desde que se implantó el programa, lo de antes no lo han informatizado y tenemos libros desde finales de 1800, y algunos ya no se pueden ni leer» admite una funcionaria.
Esta implantación también ha traído desventajas como la escasa formación al funcionario, «vino un informático durante dos días y estuvo aquí explicándonos el programa, pero el problema es que sabe mucho de la aplicación y no de la Ley, y había campos que no te sabía explicar cómo cubrirlos» añade. Ante estas dudas, el funcionario sólo tiene dos opciones, «o bien llamas a otro juzgado para ver si ellos saben cómo solucionarlo, o lo haces cómo te parece mejor, porque al ser campos específicos del registro civil, nadie sabe cómo resolverlo» explica.
El problema de esta aplicación es que en algunas situaciones no refleja la realidad laboral del día a día, ya que solicita cumplimentar campos que de forma manual no eran necesarios. «Esto se debe a que la aplicación se ajusta a lo que pone estrictamente la Ley, pero el funcionamiento diario no es tan riguroso, no es necesario pedir la orden de inscripción al juez encargado del resgistro del partido judicial, esto es algo verbal» aclara la misma funcionaria.
No sólo los registros civiles han tenido que adaptarse a convivir con las nuevas aplicaciones, también los juzgados de Primera Instancia e Instrucción han visto modificado su programa informático LIBRA por MINERVA, en principio más ágil que el primero. En este caso, la formación también es escasa o nula. «Nos forman en horas laborales, pero no se cierra el juzgado, por tanto, entra gente a la que tienes que atender, el informático sigue explicando a tus compañeros mientras tú no estás, y ya estás perdido» admite otro funcionario. «Aquí todo es voluntarismo, los conocimientos se pasan de unos a otros» añade.
Este asunto se puede ver resuelto en breve, gracias a los cursos teórico-prácticos que la gente que aprueba las oposiciones debe realizar durante dos o tres meses dependiendo del cuerpo. «El problema son los interinos, porque la Xunta no los forma, así que cuando llegan a un juzgado, los compañeros tienen que explicarles y se pierde tiempo» admite el funcionario.
Otro problema del programa es que a veces se colapsa y va lento, además «no hay ningún organismo que se encargue de adaptar las resoluciones judiciales a las modificaciones de la Ley Esto da lugar a que sea el propio funcionario quien lo tenga que hacer, con la consiguiente pérdida de tiempo y dándose a veces, una falta de coherencia entre la resolución judicial y la Ley vigente» aclara.
Las nuevas tecnologías también acarrean más responsabilidades no remuneradas a los funcionarios. «Por ejemplo, en el caso de que una persona no quiera pagar de forma voluntaria su deuda, y haya que pasar al apremio (embargar sus bienes y sacarlos a subasta), está claro que él no te va a decir sus bienes, por eso es necesario entrar en diversas instituciones como el INEM, para ver si cobra el paro, la Agencia Tributaria para ver los bienes que figuran a su nombre, o la Tesorería General de la Seguridad Social, para averiguar si trabaja, dónde, su base de cotización, etc. Esto conlleva una responsabilidad para nosotros porque estos datos son reservados y sólo se puede acceder a ellos mediante una resolución porque sino sería ilegal, ¿qué pasaría si nos equivocamos y entramos en los datos de otra persona?» explica mediante un ejemplo uno de los funcionarios.
La incorporación de las nuevas tecnologías en los juzgados puede ayudar a solventar los retrasos que vive la justicia y a agilizar el trabajo diario de los funcionarios, pero siempre y cuando, antes, haya formación del personal en esta materia.