La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas abrió diligencias al Concello de Cervo para investigar presuntas irregularidades contables detectadas por el Consello de Contas en el ejercicio 2002-2003.
La notificación entró en el registro municipal el pasado día 5 de noviembre, y establecía un plazo de cinco días para que el Concello presentara las alegaciones pertinentes, que fueron enviadas el día 9.
El informe del ministerio fiscal del Tribunal de Cuentas entiende «que se puede deducir la existencia de indicios de responsabilidad contable», en relación con las indemnizaciones abonadas «a determinados altos cargos» durante el 2002 por dedicación a la alcaldía y por asistencia a las delegaciones sin tener dedicación exclusiva o parcial. «Retribuciones a tanto alzado devengadas periódicamente y en las que no se justificaba documentalmente la efectividad del gasto», señala el fiscal jefe, Olayo González Soler.
También se refiere a la existencia de percepciones por parte del alcalde, entonces José Insua, y los ediles, de indemnizaciones abonadas por gastos ocasionados por el ejercicio de sus cargos «respecto de las cuales se libraron los correspondientes mandamientos de pago, existiendo en un caso «ausencia de documentación justificativa»; en otro caso, «inexistencia de determinadas indemnizaciones», y en un tercero, «duplicidad en la indemnización de los gastos de manutención».
En segundo lugar, el ministerio fiscal del Tribunal de Contas se refiere a las subvenciones concedidas a la Comunidad Vecinal de Cervo y a la Comisión de fiestas de San Cibrao con motivo de las fiestas del Carmen. El informe fiscal señala que «se detectan irregularidades y defectos en la justificación de la aplicación de los fondos librados mediante la presentación de facturas que no reúnen los requisitos exigibles». La fiscalía del máximo órgano fiscalizador del Estado entiende que las irregularidades que describe, «con el consiguiente perjuicio para los fondos públicos» deben ser objeto de aclaración, y propone el nombramiento de un instructor en los términos preceptivos.
Postura del BNG
El BNG de Cervo, que hizo pública la notificación recibida por el Concello de Cervo , recordaba la fiscalización a la que fue sometida la Administración municipal por parte del Consello de Contas de Galicia, al que el gobierno de lPP presentó alegaciones, y cuyo informe definitivo fue aprobado el 12 de julio del 2006.
«Agora, a apertura de dilixencias por Tribunal de Contas supón un salto adiante, ao tratarse dun organismo sancionador, na demanda de aclaracións sobre a xestión económica do goberno do PP en Cervo», señalaban desde el BNG.
Los nacionalistas instaban al gobierno popular de Cervo a aclarar «tódalas circunstancias que rodean esta actuación do Tribunal de Contas».