La piratería aumenta cada vez más y en Lugo, los cuerpos de seguridad no pueden hacerle frente. Lo ocurrido durante las últimas fiestas de San Froilán fue un ejemplo. Las policías no tienen medios y no sólo eso, en ocasiones se encuentran con que los jueves van en dirección contraria, a tenor de sus sentencias. Estas apreciaciones fueron aportadas de forma casi unánime por varios especialistas en el transcurso de una jornada sobre la propiedad industrial, organizada por el Instituto Tecnológico de Galicia, que tuvo lugar ayer en el salón de actos de la CEL. Tanto el inspector del Cuerpo Nacional de Policía, José Ramón Fernández López, como el director general de la Policía Local, Darío Diéguez, expresaron que durante las fiestas de San Froilán se habían visto desbordados por manteros de todo tipo. El agente policial hizo referencia a que la sociedad, en ocasiones, se mostraba receptiva a este tipo de comercio como había sucedido en este caso. «Se quejaban de que no podían caminar por las calles, pero no de los manteros. En la comisaría no llegó a formularse ni una sola denuncia por este tipo de comercio», expresó el agente. El hecho de que algunos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad aprecien apoyos ciudadanos a este tipo de actividad, penalizada con prisión en el actual Código Penal, se reflejó durante las fiestas. Cuando agentes de la policía levantaron a algunos de los vendedores, fueron increpados por el público, «con palabras que rozaban lo delictivo», según comentó el policía. Resaltó este inspector que no había que olvidar que, en otro tipo de delitos, la ciudadanía incluso llega a interponerse ante los delincuentes para que éstos no escapen y así facilitar su detención por parte de los policías. José Ramón Fernández López reclamó una mayor coordinación. Advirtió de que en lo que va de año en Lugo se habían incautado de unos 1.000 deuvedés y detenido a seis personas. De todos modos, dejó claro que no hay plantilla suficiente para hacer frente a las redes organizadas que se dedican a la piratería. Además recordó: «La policía necesita seguridad jurídica. La encontramos en el Código Penal, pero no así en muchas sentencias». En tal sentido aportó una de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que el tribunal absuelve a un mantero, alegando que la venta callejera no tiene entidad penal suficiente, especialmente cuando la ejercen personas que no tienen medios de vida. El inspector incidió luego en otro aspecto, el de Internet. «El top manta, realmente no es nada. Lo que entra y entrará vía Internet nos supera y nos superará, porque no se dispone de personal suficiente». Por cierto que en la mesa redonda se informó que en Lugo sólo hay un agente, en este caso de la Guardia Civil, especializado en delitos informáticos. No son peritos Otro de los problemas con los que se encuentran las fuerzas de seguridad se refiere a que los agentes no tienen la condición de peritos y no pueden determinar si las falsificaciones lo son o no. Hay veces que un artículo pirata es igual al real, según dijeron. Además, las empresas no informan correctamente. «Nos hemos cansado de llamar a numerosas marcas para que enviasen sus peritos a Lugo, pero no quieren venir por treinta bolsos», expresó el inspector. Darío Diéguez, el director general de la Policía Local, diferenció dos aspectos relacionados con la piratería. Por un lado está la relacionada con las marcas (ropas, perfumes y complementos, entre otros productos y, por otro, las descargas de Internet. Sobre estas últimas dijo que existía una idea equivocada y recordó que había numerosas sentencias absolutorias por no apreciarse ánimo delictivo en muchas conductas. De hecho, este letrado abrió el coloquio final de una mesa redonda con un ejemplo elocuente: el de una persona que roba 40 discos en unos grandes almacenes y los pone a la venta y de otra que se baja de la red el mismo volumen de música y la comercializa. El primer caso no pasa de una simple falta que lleva implícita una pena exigua y el segundo adquiere la tipificación de delito contra la propiedad industrial, lo que acarrea penas de cárcel. Se refirió a la avalancha de San Froilán, pero también advirtió de que se producían ventas en los mercadillos semanales. En este caso la Policía Local sólo puede intervenir amparándose en la ordenanza municipal de venta ambulante que lo aconseja cuando hay síntomas evidentes de fraude. «Si hubiera un listado de las marcas con las características, un agente podría guiarse. No lo hay y aunque lo hubiera posiblemente falsificarían el código de barras porque van más avanzados que nosotros», dijo Darío. Para el director xeral de la Policía Local, es difícil articular medios para esta lucha por lo menos en el caso de los ayuntamientos. «O se ponen plantillas enormes o medios o sino desde un concello, las medidas se escapan». Otro de los problemas, citado también por José Luis Raposo Cabo, el jefe del Equipo de Delincuencia Organizada de la Guardia Civil es hacerle frente almacenaje de los artículos intervenidos y, sobre todo, a su inventariado. Esta última tarea deben asumirla los propios agentes. Tampoco el instituto armado dispone de medios suficientes, aunque últimamente está incrementando recurso y efectivos en algunos equipos. Raposo dijo que la «punta del iceberg está en Internet». En la mesa redonda también intervino el fiscal jefe de la Audiencia, Jacinto Fernández Villalvilla, que hizo referencia a las cuestiones legales y el responsable de Aduanas en Lugo, José María Vázquez.