El fallo del TSXG inquieta a los populares y el PSOE cree que sólo afecta a la convocatoria El equipo de gobierno tiene previsto presentar un recurso de casación
21 mar 2005 . Actualizado a las 06:00 h.La situación laboral de los 16 policías municipales interinos es motivo de preocupación por parte del equipo de gobierno y del principal partido de la oposición en el Concello de Lugo, el PP. Ambos hicieron ayer alusión a ese aspecto con motivo de la valoración de la sentencia que ofrecieron por separado, si bien desde puntos de vista opuestos. El concejal de Protección da Comunidade, José Ángel González Corredoira, acusó a «otros» de no importarles la creación de empleo y confirmó que recurrirán en casación, en tanto que los populares Jaime Castiñeira y Enrique Rozas aludieron al proceso de contratación ilegal y en precario. Estos dos concejales del PP también anunciaron la petición de un pleno extraordinario, para que el actual responsable del área y su predecesor, Francisco Fernández Liñares, comparezcan y faciliten información sobre la situación creada. Se mostraron preocupados por la repercusión que puede tener la sentencia en las actuaciones llevadas a cabo por los 16 agentes durante este tiempo. Aspectos como la legalidad de las detenciones que hayan podido practicar o las multas impuestas causan incertidumbre, motivo por el que pretenden que informen directamente en el pleno González Corredoira y Fernández Liñares. En concreto, a este último le preguntarán cuáles fueron los motivos reales de la contratación de los 16 agentes interinos realizada en el año 2002. A Corredoira le preguntarán cuál es la situación real de esas personas tras la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Castiñeira considera que la sentencia da la razón a las denuncias presentadas durante el anterior mandato municipal por su grupo, a través de la entonces concejala Pilar Estévez, y ahora por Enrique Rozas. «Pola irresponsabilidade deste equipo de goberno tívose e tense dun xeito ilegal e en precario a estes 16 interinos», afirmó. Castiñeira recordó que su grupo ya había manifestado en aquel momento que se trataba de un procedimiento incorrecto, afirmación que ahora ratifica la sentencia al considerar que no se justificaba la urgencia de la contratación, ya que quedó acreditado que las 16 plazas proceden de las ofertas de empleo correspondientes a tres años. Enrique Rozas manifestó que durante los últimos dos meses recabó datos para elaborar un informe, comprobando que en ningún ayuntamiento se emplea este sistema como práctica habitual. También dijo que hay informes contradictorios sobre el trabajo que desarrollan estos agentes interinos, ya que no están autorizados para conducir coches patrulla y hay dudas sobre la legalidad para portar armas. Rozas reiteró la preocupación de su grupo por las repercusiones que pueda tener en las actuaciones desarrolladas por estos agentes, preguntándose qué pasará si algún ciudadano decide reclamar el importe de una multa que le haya impuesto uno de estos interinos. También acusó al equipo de gobierno de negligente por no haber sido previsor en los últimos tres años a pesar del recurso interpuesto ante el TSXG.