Tentaciones y rectificaciones

La Voz

LUGO

ÓSCAR CELA

La seis Propios y extraños asisten estos días «con perplejidad» al dictado de fallos judiciales en Lugo. Pero de dimisiones políticas ningún afectado quiere hablar

23 feb 2004 . Actualizado a las 06:00 h.

Las «sagradas» salas de los juzgados no dejan de darnos sorpresas. Algunas vienen fríamente servidas en época electoral y otras se intuyen para después del día de votaciones. Al ex alcalde de Pobra de Brollón, Antonio Arias Armesto y al actual regidor Manuel Casanova , el Tribunal Supremo acaba de adjudicarles los títulos de malversadores y falsificadores que la Audiencia Provincial de Lugo no vio, a pesar de las curiosas censuras sobre prácticas fraudulentas. Jueces de más rango han rectificado duramente la sentencia dictada en primera instancia, lo cual no debe alarmarnos sino reafirmar la confianza en un correcto funcionamiento del poder judicial y la importante función que desempeña en las sociedades democráticas. Estos asuntos del aseo municipal suelen verse como los pecadillos de un sistema político trufado de prácticas de otros tiempos. Son avances en lo que supone de control al poder más cercano al vecindario. Muchos estarán pensando en que los munícipes tienen todavía el recurso al Tribunal Constitucional. Afortunadamente. Ésa es otra garantía más en un mundo con pocos consuelos legales. Hay que reconocer que el dichoso reparto de fondos de comunidades vecinales, de dinero común con el Ministerio de Administraciones Públicas o del canon de embalses a pequeños concellos da mucho que hablar (no así en otras corporaciones) y si es verdad que algunos ven en su administración una clave del poder de Francisco Cacharro , también es cierto que le aportan, si no disgustos, al menos unas cuantas batallas. Los lucenses, un pueblo especialmente dócil, estamos acostumbrándonos a convivir con correctivos «novedosos». Con Isaac Prado Villapol comenzó el repaso, aunque éste no ingresó entre rejas por sus famosos tejemanejes municipales sino por amenazas a un funcionario. Un recordatorio de las últimas son el mobbing , el acoso laboral en Begonte y la malversación de fondos. Todos unos angelitos -pensarán-, comparados con los tiburones financieros que arramplan con miles de millones, o con presidentes de gobierno tipo George Bush que mantienen presos en Guantánamo sin ninguna garantía legal o posibilidad de defensa. Los cambios son lentos. Hay quien cree que se ha equivocado con los GAL, algunos asumen que reaccionaron tarde ante el mal de las vacas locas (Portugal y Reino Unido estaban infectadas hacía años), hay quien opina que quizás se equivocó en decisiones sobre el Prestige , otros rectifican sus bravuconadas sobre el conflicto de Perejil, e incluso se atreven a reconocer que a lo mejor erraron en su apoyo a la guerra en Irak que está costado miles de muertos. Rectificantes todos, uníos, ya que, por más que las decisiones afecten a lo público, no dimitís. Pero, cambiando de tercio, obligaciones para administradores y administrados abundan. Fíjense la sanción que el delegado de Medio Ambiente en Lugo, Luis González, ha tramitado recientemente. A María Isabel Iradi , vizcaína de Sestao, le han impuesto una multa de 2.700 euros por una falta muy grave recogida en la Ley 50 de 1999. Dejó libre y sin correa un perro de raza pitt bull terrier en la playa de Lago, en Xove, un día de septiembre cuando el arenal todavía estaba frecuentado por bañistas. Además, no pudo justificar que poseía licencia para un animal potencialmente peligroso. Es la Ley.