Tras las sentencias, su presidente apela al sistema de caja única Cacharro Pardo desconoce por qué se demora el traspaso de hospitales al Sergas
05 sep 2003 . Actualizado a las 07:00 h.La Diputación seguirá compensando el pago de las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores con cargo a la deuda que la Tesorería General o el Sergas tienen con la institución provincial por la asistencia a alrededor de 250 internos en el psiquiátrico de Castro, según reiteró ayer el presidente, a tenor de las últimas sentencia del TSXG, que no reconoce la validez del sistema compensatorio. Tras asegurar que los gastos que generan los internos en el centro de Castro mensualmente son mucho mayores que el importe de las cuotas que paga la institución provincial por sus empleados, Francisco Cacharro recordó que hay 17 sentencias del Tribunal Supremo favorables a la compensación. De todos modos, no aprecia grandes contradicciones entre los dos tribunales, dado que en el acuerdo de traspaso de competencias al Sergas se establece que este organismo tiene que hacerse cargo de todos los gastos. La Diputación no cambiará su actitud porque entiende que la Tesorería General de la Seguridad Social mantiene el sistema de caja única, dado que los organismos de salud autonómicos son meros prestadores de servicios. Solución del problema En todo caso, según Cacharro Pardo, la Diputación está resultando muy perjudicada porque tenía pendientes de ingreso, hace dos o tres meses, 60,1 millones de euros, y la deuda sigue aumentando con celeridad, debido a la gran diferencia con respecto al importe de las cuotas de la Seguridad Social que deja de pagar. Reiteró que le es indiferente que pague la Tesorería General o el Sergas. También dijo desconocer las causas de la paralización del traspaso de los dos hospitales, dado que el presidente de la Xunta le comunicó que esperase a que se materialice para liquidar la deuda. Termodestructora Con respecto a la planta termodestructora para eliminar los residuos sanitarios, Cacharro Pardo señaló que desconoce el proyecto, pero recordó que las normas subsidiarias de la Xunta son más restrictivas que las que rigen la reserva de la biosfera de Urdaibai, en el País Vasco, en la que hay tres polígonos industriales. Está convencido de que si la Xunta autoriza su instalación será porque cumple todas las exigencias legales, dado que las limitaciones son para las empresas contaminantes.