Considera que la voluntad del empresariado lucense se encuentra secuestrada El antiguo comité denunció que no se le facilitaban actas ni documentos
21 feb 2003 . Actualizado a las 06:00 h.?l equipo de gobierno de la CEL que encabezaba Juan Antonio Martínez Dapena presentó la dimisión en bloque, tanto del comité ejecutivo como de la junta de gobierno, por la situación de ingobernabilidad en la que se encontraban, porque consideran que la convivencia se hizo imposible y porque aseguran que quieren desvincularse por completo de unas personas que están imputadas por el fiscal en una querella por falsedad y estafa. Los dimisionarios comparecieron ayer en rueda de prensa en la sede de la Asociación Provincial de Talleres, en un local cedido por su presidente, Luis Abelleira. Estaban todos, menos Jesús Pernas, -quien a primeras horas de la mañana de ayer cursó a la CEL su dimisión, lo que dejó a la patronal lucense sin presidente en funciones- Teodoro Moreda y Gervasio Cao, que aunque no pudieron acudir, todos ellos secundan las manifestaciones de sus compañeros.Los dimitidos dejan la CEL, pero, según aseguraron «en modo alguno nos dispersamos». Apostillaron que era pronto para decidir si seguirían en el seno de la patronal lucense o no, pero Martínez Dapena insistió en que seguirán juntos, sin sugerir siquiera el propósito. Insistieron en que querían mantener lo que definieron como «activo de representación empresarial» que aseguran haber ganado en las elecciones celebradas en el mes de noviembre del pasado año. «Tengo la convicción -aseguró el presidente dimisionario- de que la voluntad del empresariado lucense ha sido secuestrada».El comité ejecutivo dimisionario apuntó que habían intentado alcanzar un acuerdo, que era posible en lo que se refiere al plan de viabilidad. «Eso era bueno -dijo Martínez Dapena- independientemente de quien lo ejecutara. Pero otra cuestion son los contratos del Cise. Esas diferencias no son pactables, ni negociables. Deberían dimitir».Ovidio Pérez Reñones apuntó que en los meses que estuvieron en el cargo no se les facilitaron ni actas ni documentación de ningún tipo de la que habían solicitado. «La que tenemos -dijo-, la pedimos a través de notario. Incluso hemos tenido que recurrir al Inem para pedir el contrato del secretario general». El ex tesorero Ángel López Lugilde recordó la difícil situación económica de la organización. Destacó que el endeudamiento seguía siendo de un millón de euros. Puntualizó que existen fondos en estos momentos, pero que están adscritos a subvenciones, entre las que citó las del Forcem. «La junta de gobierno en funciones -apostilló- tendrá que ponerse a trabajar y rápido».