La criba municipal se cerrará este año en Monforte con una revisión del Catastro
09 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Plan de Regularización Catastral que puso a andar el Ministerio de Hacienda en el 2014 no se dejó sentir todavía en Monforte. La agenda de la Gerencia del Catastro en Lugo prevé extenderlo a este municipio a finales del 2016 y que tenga efectos fiscales al ejercicio siguiente. Se trata de un plan de lucha contra el fraude con el que se persigue sacar a flote inmuebles que no constan en el Catastro o que no figuran conforme a su «realidad física». En Monforte, sin embargo, todo apunta a que su repercusión será mínima. Y no por falta de celo en la revisión, sino porque el Ayuntamiento ya se adelantó a esa campaña.
Entre enero del 2012 y diciembre del 2015, el Ayuntamiento dio de alta en el padrón del IBI más de 2.000 mil edificaciones de todo tipo que no pagaban o que tributaban por un concepto que no se correspondía con su verdadera entidad. La empresa que tiene el cometido de recaudar la contribución en ejecutiva en Monforte fue la encargada de realizar la regularización. En esos cuatro años, cerró en total 2.011 expedientes de construcciones que se encontraban en situación irregular fiscalmente.
La mayor parte de los expedientes se efectuaron entre los años 2012 y 2013, según confirman fuentes municipales. Entre ambos ejercicios se produjo una subida del 108% en la recaudación municipal por el IBI, de acuerdo con los informes de seguimiento del plan de estabilidad presupuestaria que comenzó a aplicarse a comienzos del 2012. A lo largo del pasado año, se pasaron a cobró por este concepto un total de 26.143 recibos.
La empresa que realizó la revisión por encargo municipal considera que a estas alturas salieron a flote la mayor parte de las edificaciones que no tributaban. La Dirección General del Catastro completará, en todo caso, antes de que termine el año el trabajo que comenzó en el 2012 por iniciativa del Ayuntamiento. El Catastro inició su plan de regularización en 27 municipios de Galicia en el 2014, año en el que salieron a relucir un total de 25.600 edificaciones que hasta entonces permanecían sin declarar.
El reparto de los expedientes que se pusieron en práctica en Monforte no difiere de los datos genéricos que se dieron a conocer hasta ahora de la revisión realizada en Galicia. «Hai novas construcións e tamén supostos alpendres que en realidade teñen un uso moi diferente», señalan fuentes municipales. Con cierta frecuencia, esos cobertizos se convierten en segundas viviendas provistas de todas las comodidades. Piscina incluida, en algunos casos. Los expedientes implican el pago de las cuatro últimas anualidades del IBI -la deuda anterior se considera prescrita- con cargo al coeficiente que permanezca vigente en ese momento.
Numerosas parcelas de la periferia perderán valor al pasar a rústicas
Este mismo mes estará en marcha una primera revisión de valores catastrales que afectará a zonas situadas en la periferia de Monforte. Numerosas propiedades verán mermado su valor al dejar de ser catalogadas como urbanas y convertirse en rústicas. La reforma de ley hipotecaria que entró en vigor a finales del pasado año obliga a recalificar los suelos urbanizables en aquellos sectores cuya planificación urbanística no terminó de ejecutarse.
En el caso de Monforte, existen varios planes sectoriales que se incluyeron en las normas subsidiarias a finales de la década de los setenta y que no llegaron a llevarse a la práctica debido a los avatares del plan de urbanismo. Las fincas urbanas situadas en esos lugares pasarán a ser rústicas. Pagarán menos impuestos al Ayuntamiento, pero su valoración a efectos inmobiliarios también caerá en picado.
Comisión mixta
El informe municipal que se dio a conocer en el pleno en el que se rechazaron las alegaciones que pedían la bajada del IBI aventuba que esta reforma tendrá un alcance «importante». Consultado ayer al respecto, el alcalde indicó que de momento no hay datos sobre el impacto de la revisión que exige la nueva ley hipotecaria. Como primer paso, este mes se constituirá una comisión mixta entre el Ayuntamiento y el Catastro para situar «os polígonos e parcelas das zonas que hai que desafectar».
El Ayuntamiento estará representado en esta comisión por el técnico de urbanismo, la interventora y un concejal perteneciente al equipo e gobierno.