El juzgado vio indicios de que se cometieron varios delitos
03 dic 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Hace un año y diez días se marcaba un antes y un después en la trágica historia urbanística de las torres de O Garañón. El juzgado de instrucción número 1 de Lugo emitía entonces un auto, que además fue ratificado posteriormente, en el que ordenaba la «paralización cautelar e inmediata de todas las obras de urbanización y edificación que se estén ejecutando y realizando en la unidad de actuación CS-5». De este modo, el juzgado estimaba la petición hecha en tal sentido por la Asociación na Defensa do Parque Rosalía de Castro.
El auto es demoledor, pues ve indicios de varios delitos. En uno de los folios del documento se explica que «tras el examen detenido de las actuaciones, se llega a la conclusión de que pudiéramos estar ante la comisión de un delito de prevaricación urbanística», porque «parece haber existido algún tipo de connivencia entre los representantes municipales (...) y una promotora particular».
También se refiere a que, una vez estudiadas las diligencias de investigación (documental, autos, informes del Seprona, agencia de protección de la legalidad, Xunta, sentencias...) «puede afirmarse que existen indicios serios y contundentes de la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio».
Por otro lado, considera «un hecho constatado» que el desarrollo de la unidad de actuación CS-5 se ocupa con edificación de una parcela que forma parte de las cuestas del parque, terreno de dominio y uso público, dice. La jueza señala que no consta ningún expediente para la desafectación de esta parte del parque.
El auto, además, alude a otra sentencia del año anterior. Dice que el Concello de Lugo «lo que debería de haber hecho inmediatamente», es actuar de oficio y «ordenar la paralización cautelar e inmediata de las obras (...) Pero no solo no lo hizo, sino que, según parece, permitió la transgresión de dicha legalidad, al consentir, siquiera tácitamente, la continuación de las obras, ejecutadas sin licencia válida».
La infracción más grave detectada, sin embargo, es la falta del informe de Cultura, por estar la citada unidad en el ámbito de protección de un bien de interés cultural, como las termas romanas, y un edificio catalogado, el antiguo sanatorio Portela.
la paralización de las obras un auto demoledor