La patronal firmó el contrato de su local de formación cuando ya existía la primera sentencia de demolición
11 may 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El auto dictado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre el edificio de la calle Montero Ríos 16 y que da de plazo hasta el 1 de septiembre al alcalde de Lugo para que ejecute la sentencia de derribo, no afectará a los locales del Cise de la Confederación de Empresarios de Lugo. La patronal lucense tuvo en este inmueble durante muchos años su centro de formación, después de que los propietarios la empresa Promociones Urbanas se lo vendieran a la CEL con opción de compra en el año 1998. La escritura pública, de hecho, data de agosto de ese mismo año, cuando ya existía la primer sentencia de derribo dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que tiene fecha de 6 de mayo del año 1993. El fallo, que ahora ordena ejecutar el TSXG, fue confirmado por el Tribunal Supremo el 20 de diciembre del año 1999.
Contrato polémico
El recurso de casación ante el Tribunal Supremo de la sentencia de derribo que confirmó fue interpuesto por los promotores, que alquilaron los locales a la CEL en el año 1998, en la etapa en la que era presidente Guillermo Sánchez Vilariño. Precisamente esta operación generó una polémica con su sucesor Juan Antonio Martínez Dapena, que llegó a la vía judicial en forma de querella formulada por la Fiscalía. El caso fue archivado provisionalmente por la Audiencia Provincial.
El actual presidente de la CEL, Eduardo Jiménez, que inicialmente definió la cuestionada operación de alquiler con opción de compra de los locales de Montero Ríos, como muy ventajosa para la CEL, iniciaba tiempo después los trámites para marcharse de allí. El primer paso fue la resolución del contrato con Promociones Urbanas, nueve años después de su firma, con lo que los locales revertían nuevamente en sus dueños. Las antiguas instalaciones de formación de la CEL, que sufrieron un incendio en el mes de julio del 2002, llevan desocupadas desde que la patronal se trasladó.
La CEL, que justificó el traslado en la necesidad de espacio para poner en marcha nuevos servicios y reconoció la existencia de problemas en la compra del inmueble de Montero Ríos 16, como consecuencia de una denuncia de los propietarios colindantes, adquirió otro local de 800 metros cuadrados en la calle Manuel Murguía, donde se trasladó en el año 2009.
La letrada que defiende los intereses de los propietarios del edificio colindante, que fueron los que interpusieron el contencioso administrativo en el año 1991, señaló ayer que no descarta que algunos propietarios de Montero Ríos 16 hubieran comprado sin saber la existencia el procedimiento judicial en marcha, del que sin lugar a dudas tenían conocimiento los promotores y el Ayuntamiento. Puntualizó que a muchos de los afectados fue ella personalmente la que les comunicó la situación, que se dilató tantos años. Reconoció que desconocía cómo se iba a solucionar el problema.