Rechazó el recurso del promotor y mantiene la orden de paralización
05 may 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, que había ordenado la paralización de los edificios de las cuestas del parque en noviembre pasado, volvió a fallar en el mismo sentido pero, si cabe, aún con más contundencia, asegurando que existen claros indicios de prevaricación urbanística, que afectarían tanto al promotor como a los políticos y técnicos que concedieron las licencias.
Tras el auto de paralización de 23 de noviembre, el promotor ourensano, Ricardo Iglesias Paredes, presentó un recurso de reforma pidiendo que se anulase el auto y que se permitiese a la empresa constructora y a la promotora presentar pruebas. El empresario pedía además que se levantase la paralización cautelar y que se exigiese al Concello de Lugo una garantía por el coste del derribo, y también a la asociación Parque de Rosalía, para responder de los daños y perjuicios a la empresa, que valoraba inicialmente en unos tres millones de euros.
El fiscal también ve delito
El Ministerio Fiscal por su parte entendió que la paralización está bien fundada jurídicamente y las medidas cautelares contra la empresa deben seguir adelante.
El auto del juzgado dice que el recurso del promotor no cambia nada y que tras el examen de la documentación otra vez «se llega a la conclusión de que pudiéramos estar ante la comisión de un delito de prevaricación urbanística, previsto y penado en el artículo 320 del Código Penal». La jueza, Aurelia Bello, reitera que era preceptivo el informe de la Comisión Provincial de Patrimonio antes de concederse la licencia municipal, y que el 27 de marzo de 2007 la Subdirectora Xeral de Patrimonio informó que se exigía dicha autorización previa porque las Termas Romanas y el Sanatorio Portela se veían afectados por la cercanía de los edificios.
La jueza recuerda también en el auto que, unos meses después, el 26 de junio de 2007, la Consellería de Cultura instó al ayuntamiento a que paralizara cautelarmente las obras por la falta de ese trámite previo. Por tercera vez, el 16 de septiembre de 2008 -recuerda el auto judicial- la Consellería de Cultura volvió a informar de que se afectaba la zona de protección de las Termas Romanas y del sanatorio Portela. Y aún hubo una cuarta advertencia de la misma Consellería de Cultura, recuerda la jueza, el 7 de junio del 2010, cuando la jefatura territorial informó de que las obras suponían una alteración grave del entorno del Parque Rosalía de Castro.
Recurso a la Audiencia
A la vista de estas cuatro prohibiciones o advertencias de la administración y del resto pruebas aportadas en el auto de paralización por el Seprona, la jueza entiende al igual que el fiscal que la medida está justificada. Ahora, cabe la posibilidad de un recurso ante la Audiencia, por lo cual el auto todavía no es firme.