Juzgan en Lugo a una vendedora de aparatos de cocina por un presunto delito de falsedad documental y estafa
30 sep 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Una agente comercial de una empresa que se dedica a la comercialización de robots de cocina, fue juzgada ayer en la capital lucense, acusada de los delitos de falsedad y estafa. El fiscal pide que a M.C.G.F., de 41 años, le sea impuesta una pena de tres años de prisión. El eje central de la historia es una Thermomix , marca comercial de un artilugio que sirve para cocinar todo tipo de platos.
El fiscal dice que la acusada suscribió, el 14 de julio de 2006, un contrato de venta de uno de estos aparatos, valorado en 890 euros, a nombre de Benito Otero Casa, con domicilio en Vilachá, 24, en Cangas de Foz. La acusada supuestamente indicaba que el pago sería financiado por una empresa especializada en 18 mensualidades por un importe de 57,41 euros cada una. A tal fin suscribió un contrato de préstamo mercantil con la entidad crediticia a nombre de la persona anteriormente citada.
La acusada supuestamente facilitó como cuenta en la que de deberían efectuar los cargos una de Caixa Galicia, de la que era titular su casero que, curiosamente, tiene un nombre muy similar al que aparecía en el contrato de venta del aparato de cocina. El fiscal destaca que el arrendatario de la casa donde residía la acusada no realizó en ningún momento la compra de tal artilugio doméstico, ni tampoco llegó a suscribir contrato de préstamo alguno. El afectado logró evitar que le cargasen los 890 euros en su cuenta por las gestiones que realizó con la entidad bancaria.
Se da la circunstancia de que la empresa que distribuye los robots hizo entrega de uno de ellos a la acusada, sin que hubiese cobrado su importe. Ahora la Thermomix en cuestión no se sabe a dónde fue a parar.
La imputada negó categóricamente los hechos y aseguró que no tenía la máquina porque se la vendió a una mujer cuyo nombre dio a conocer en su momento. El fiscal, sin embargo dijo que se habían hecho diversas gestiones para saber si la presunta compradora existía y el resultado fue negativo.
El acusador considera que esta vendedora cometió un delito continuado de falsedad en documento mercantil por el que le pide dos años de cárcel y una multa de diez meses con una cuota diaria de seis euros. También le imputa un delito de estafa por el que reclamó un año de prisión. Asimismo exige que la mujer indemnice a la empresa distribuidora de los robots en lo que vale el aparato que desapareció misteriosamente.
La vista se celebró en el transcurso de la mañana de ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de la capital lucense y en la misma declararon varios testigos.