Los efectos colaterales de Pascual

LEMOS

Una veintena de empresas del transporte están a la expectativa del futuro de la fábrica de Outeiro de Rei por si pueden volver a prestar servicio en la capital lucense

16 sep 2009 . Actualizado a las 02:00 h.

El cierre de Pascual en Outeiro de Rei tuvo además de la anunciada pérdida de 155 puestos de trabajo directos, -la plantilla se encuentra amparada por un ERE de cuatro meses de duración- importantes efectos colaterales. Uno de los colectivos perjudicados por la decisión del grupo burgalés de abandonar la producción en la planta de Lugo es el de transporte. Los autónomos que trabajaban para la planta si bien se pudieron acoger a la posibilidad de mantener los contratos y las condiciones por parte de la empresa, han tenido que trasladar los vehículos a otras comunidades, lo que llevó aparejado que se dispararan los costes, entre otros, los salariales.

La veintena de transportistas autónomos que con unos 60 camiones daban servicio a la planta de Outeiro de Rei, están tratando de mantener el tipo y aguardando, al igual que los trabajadores, saber qué va a pasar con la fábrica a partir del mes de diciembre, cuando finalice la regulación temporal de empleo. Están a la expectativa de comprobar si existen posibilidades de volver a trabajar para la industria, aunque ésta cambie de manos.

Los conductores de los 60 camiones aproximadamente que trabajaban en la planta no se quedaron en el paro con el cierre de ésta. Tampoco todos mantuvieron las mismas condiciones. La decena de vehículos pesados que operaban en los denominados circuitos les dieron la posibilidad de elegir base entre Segovia, Aranda de Duero o Valladolid. Desde esos puntos realizan los viajes que Pascual les asigna para transportar mercancías de sus diferentes plantas de España, según apuntaron fuentes del sector.

Situación difícil

La situación del resto de los vehículos es más complicada y su mantenimiento supone una opción más costosa. El grupo burgalés ofreció a las empresas de transporte la posibilidad de que siguieran trabajando con los vehículos rotulados para hacer viajes por el norte peninsular, dando servicio a la planta de Aranda de Duero. En este caso, según fuentes de los afectados, la situación se complicó porque las empresas tienen que buscar cargas cuando envían sus vehículos a Aranda, algo que en estos momentos no resulta fácil y asumir los gastos añadidos de los chóferes, porque en muy pocos casos son los propios autónomos los que realizan los desplazamientos. Suponen 500 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, tanto en los gastos de combustible y de dietas que generan, como para el descanso semanal. Además estas horas computan en el global de los tiempos de conducción.

Cuando funcionaba la planta, los vehículos, tanto los de circuito como el resto, retornaban a Lugo los fines de semana.

Los autónomos están tratando de salvar esta situación contratando chóferes de la provincia de Burgos o de las otras bases que les asignó Pascual. Uno de los inconvenientes es el control en la distancia de cómo se está prestando el servicio contratado.

Algún empresario apuntó que si se mantienen los contratos con Pascual es por la crítica situación que atraviesa el transporte y por la reducción en las cargas. Si el cierre de Pascual, comenta más de uno, hubiera sido hace dos años, posiblemente se hubieran buscado otra cargadora, pese a que el grupo burgalés estaba considerado, no solo como puntual pagador, sino que figura entre quienes abonan tarifas de las más altas.