La condena por un delito contra los derechos de los trabajadores a uno de sus dirigentes movilizó a la CIG. Fue un año, el 2004, muy intenso judicialmente
29 mar 2009 . Actualizado a las 03:00 h.El año 2004 será inolvidable para Guillerme Rei Rouco, José Luis Trigo Cruzado y José Méndez Torres, miembros de un piquete de la huelga general del 20 de junio del 2002, que en ese año tuvieron que afrontar los procedimientos judiciales derivados de aquella noche. Para los dirigentes de la CIG también fueron meses muy difíciles para evitar que uno de ellos, Guillerme Rei, de la ejecutiva del sindicato nacionalista, acabara cumpliendo condena en prisión como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, atentado, de lesiones y una falta de daños. Después de muchos meses de protestas, incluida una huelga de hambre frente a los juzgados, llegó el indulto parcial para los tres, pero no acabó aún la batalla judicial.
Guillerme Rei, que sigue siendo miembro de la ejecutiva de la CIG, trabaja actualmente en el centro de formación del sindicato nacionalista; José Méndez Torres es trabajador autónomo y últimamente ejecuta contratos en las obras del nuevo hospital y José Luis Trigo Cruzado, según fuentes consultadas, se recupera de un accidente de circulación. De los tres el único que sigue en la CIG es Rei Rouco, que fuera condenado a seis años y un mes de cárcel y que estuvo con un pie en prisión. Los problemas se derivaron de la suspensión de condena anterior.
Rei asegura cinco años después de aquellos acontecimientos que lo mejor de aquellos meses fue sentir el apoyo constante de la gente de Galicia, a mayores de las adhesiones de los premios Nobel José Saramago o Pérez Esquivel o de comités de empresa y sindicatos de lugares tan insospechados como Finlandia. Para Guillerme Rei lo peor fue «sentirte vítima dunha inxustiza deste calibre e a impotencia que iso che da». «Tí sabes o que fixeches -añadió- e saber que é inxusto o que che está pasando é difícil de roer».
El veterano sindicalista asegura que con la perspectiva que da el paso del tiempo «estou convencido de que voltaría a facer o mesmo. Nada. Reclamar o noso. E pola situación que estamos a vivir imeos ter que volver a sair a rúa». Rei asegura que irá con un ánimo diferente. «Procurarei -dijo- ter máis ollo, pero non vou deixar de sair á rúa por iso».
Guillerme Rei admite que se vió ya en prisión y que lo pasó mal por sus responsabilidades familiares. Confesó que trató el asunto con su mujer, que era más optimista que él en ese aspecto. Rei insiste que encontró todo el apoyo que precisaba en esos momentos en la CIG, que le brindó todo tipo de facilidades para elegir abogado -optó finalmente por Xermán Vázquez, el del sindicato- y asumió en parte el pago de las indemnizaciones y de las multas, que están saldadas. El resto, hasta completar lo fijado en la sentencia, fueron aportaciones populares.
La sentencia que condenó al dirigente de la CIG y a las otras dos personas, que ya no pertenecen al sindicato nacionalista, recogía que los tres formaban parte de un piquete de unas 40 personas que acudió al pub para que cerrase. En esa jornada, la del 20 de junio del año 2001, había huelga general. La empleada llamó al jefe, que se personó en el local y se negó a cerrar. En la relación de hechos probados el fallo recoge que hubo un altercado del que responsabiliza a Rei, Trigo Cruzado y Méndez Torres. Un policía reclamaba 200.000 euros de indemnización a la CIG por las lesiones recibidas.
A Trigo y a Rei se les complicaron las cosas, especialmente al segundo, dado que ambos contaban con antecedentes. El sindicalista había sido condenado en el año 1999 por atentado y resistencia y le habían concedido el beneficio de la suspensión condicional de la pena. Los de Trigo ya no eran computables en aquellas fechas.
El secretario comarcal de la CIG, Xosé Ferreiro, recuerda aquella época como una de las batallas más duras de su etapa, que le exigió dedicación exclusiva durante casi un año. Ferreiro rememora con satisfacción los apoyos y la colaboración brindada para tratar de conseguir el indulto para los tres condenados. La petición, según recuerda, no fue llevada al pleno de Lugo porque no existían garantías de que consiguiera el respaldo de todos los grupos. Ferreiro insistió que el PP se había portado bien en los contactos previos al manifestar que no iba a apoyar, pero tampoco se opondría. Un escrito de la CEL de apoyo a los sindicalistas, firmado por el propio presidente Eduardo Jiménez, fue uno de los que perduran en la memoria del responsable de la CIG, porque no se lo esperaba ni tampoco los términos del propio escrito.
Seixo posiblemente tampoco podrá olvidar aquellos meses en los que a la intensa actividad para evitar el ingreso en prisión de Rei le llevó a efectuar unas declaraciones contra la jueza del caso y contra la fiscal, en un momento de franca indignación por la sentencia, que creía desproporcionada, que lo llevaron a él al banquillo. De ambas dijo que «pola súa carga ideolóxica e animadversión, non están capacitadas mentalmente para xulgar con obxectividade» por lo que señaló que deberían ser apartadas del cargo.
Las declaraciones le supusieron una petición de condena de un año de cárcel y 7.200 euros de multa.
La CIG llevó las movilizaciones por la condena de los miembros del piquete hasta Madrid, donde hubo una concentración.