El administrador de una empresa pizarrera, con una explotación en A Fonsagrada, se enfrenta a una petición de dos años de cárcel como presunto autor de un delito contra el patrimonio histórico que le imputó ayer el fiscal en el transcurso de una vista. Se trata de P.C.F., de 43 años, quien declaró que desconocía la existencia del yacimiento porque no hacía mucho que se había hecho cargo de la empresa cuando el Seprona denunció los hechos.
El fiscal explicó que el 14 de mayo de 1991, la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas, dictó una resolución en la que ordenaba la publicación de las normas complementarias y subsidiarias de planeamiento de las cuatro provincias gallegas. Las referidas a la provincia de Lugo, incluyen al Castro de Lamas de Campo, conocido como Pena do Castro, en el Inventario Histórico Artístico del Municipio de A Fonsagrada, pasando el mismo a formar parte del Inventario General del Patrimonio Cultural de Galicia. Una ley del año 95 establece un área de protección de 200 metros para los yacimientos arqueológicos, medidos desde el límite exterior del bien. En este perímetro no se permite ningún tipo de intervención que pudiera afectar al castro.
El 24 de abril de 1993 la Comisión de Patrimonio Histórico Artístico de Lugo estableció a la empresa del acusado, Europizarras S.A., que desde 1992 veía explotando la cantera de Lamas Vilarchao, próxima al castro, la delimitación de su zona de explotación y también de escombreras «de forma que quedase salvaguardada completamente la integridad del Castro», estableciendo un ámbito de protección más restringido que el citado límite legal de 200 metros, de acuerdo con la versión del fiscal.
Denuncia del Seprona
El 11 de marzo de 2003, agentes del Servicio de Protección de la de la Guardia Civil (Seprona), en una inspección realizada en la zona, observaron la realización de obras por parte de la empresa del acusado dentro del área de yacimiento. Infringía los límites de protección, de acuerdo con la opinión del fiscal. La denuncia motivó que fuese informada la delegación provincial de Cultura que, el 2 de abril de 2003 ordenó a la empresa la inmediata paralización de las obras.
El fiscal explicó que la pizarrera hizo caso omiso a tal requerimiento porque, en fecha 16 de abril de 2003, los agentes del Seprona volvieron a constatar que seguía la actividad de la empresa dentro del área del yacimiento, «violando los límites de protección establecidos y causando daños en el castro», según la opinión del fiscal.
De acuerdo con la acusación pública, los desperfectos consistieron en la destrucción de depósitos arqueológicos de interés y la afectación principal se produjo en la ampliación de la probable entrada original del recinto. Fueron demolidos varios metros de un afloramiento de cuarcitas que componía la estructura defensiva exterior, afección de carácter irreversible «que solo puede ser parcialmente paliada, según un informe pericial obrante en los autos», apuntó el fiscal.
El coste estimado de la intervención arqueológica necesaria para paliar los daños causados fue tasado pericialmente en 67.920 euros. La Consellería de Cultura reclama una indemnización por estos hechos.
El fiscal, además de los dos años de cárcel para el imputado reclama que le sea impuesta, además, una multa de 18 meses con una cuota diaria de 20 euros. Solicita que la empresa pague a Cultura los 67.920 euros.
Desconocía su existencia
El acusado se hizo cargo de la empresa, de la que antes se ocupaba un hermano, en el año 1995. Dijo que desconocía por completo la existencia del castro en la zona, entre otras razones porque, hasta entonces se había ocupado de dirigir otra explotación en la provincia de León. Apuntó que su hermano no le llegó a informar, en ningún momento, de la situación.
P.C.F., el imputado, apuntó que lo único que habían hecho en el lugar fue un camino para dar acceso a una escombrera y pasar de un lado a otro.
Durante la celebración de la vista, en el Juzgado de lo Penal número 2, declararon dos arqueólogos en calidad de peritos.