LA TRIBUNA | O |
28 feb 2004 . Actualizado a las 06:00 h.LA SENTENCIA del Tribunal Supremo -ya sabe el lector a cuál me refiero- tiene unos efectos demoledores, y no sólo para los condenados sino para sus valedores políticos y para todos aquellos que sostienen un peculiar sistema de reparto de fondos públicos. A partir de ahora los existentes mecanismos para hacer llegar a las denominadas y abstractas comunidades vecinales el reparto de fondos públicos ha de ser, cuando menos, revisado. Ojalá ya no veamos la imagen del cacique comarcal de turno repartiendo cheques de escasa cuantía parroquia a parroquia como si el dinero fuese de su peculio particular. Aún cuando el Tribunal Supremo tacha de inexplicable que la previa sentencia de la Audiencia Provincial -de la que, por cierto, fue ponente un magnífico magistrado- deje abierto el camino para la defraudación siempre que no llegue al equivalente a diez millones de pesetas anuales nadie se crea que la resolución del tribunal lucense fue benigna aunque fuere absolutoria. En cualquier país con un mínimo de sensibilidad democrática hubiere supuesto la inmediata dimisión no sólo de los condenados sino de alguien más. Se venían a decir dos cosas: que ese sistema de subvenciones no es digno de un estado de derecho y que los afectados no habían defraudado lo bastante. Éste último es el quid de que tal resolución fuese casada por el Supremo al entenderse que la tipicidad penal no es de fraude de subvenciones sino de malversación, tipo éste en el que no hay mínimo de la cuantía objeto de la defraudación. Anden con ojo los políticos. Sirva esta sentencia como un claro aviso para la proscripción de conductas de todos conocidas. Y no olviden que la tentación vive arriba, aún cuando sea cierta la máxima escolástica de que eliminada la tentación se elimina el pecado.