La Justicia argentina dicta que Cristina Fernández cometió una corrupción sin precedentes
INTERNACIONAL
Rechaza que el juicio contra la vicepresidenta por irregularidades en la concesión de obras públicas sea fruto de una persecución política y judicial
09 mar 2023 . Actualizado a las 19:41 h.Los jueces que condenaron en diciembre a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargo público a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, no ahorraron en calificativos al publicar este jueves los fundamentos de su veredicto en la llamada causa Vialidad, por irregularidades en la concesión de obras públicas durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015). Su principal argumento es que la expresidenta cometió «un grave hecho de corrupción estatal sin precedentes» en Argentina. «Estamos hablando de una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia de nuestro país», señalan.
En un texto de 1.616 páginas, el Tribunal Oral Federal 2, que el pasado 6 de diciembre condenó a Cristina Fernández, considera que fue autora de una «fastuosa» defraudación al Estado con la concesión de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo, a firmas del empresario Lázaro Báez.
La resolución hace referencia al «tenor de sus aportes a la fastuosa defraudación emprendida», al «ámbito preponderante que ocupaba para la toma de las decisiones imprescindibles para su ejecución» y al «poder inaudito del que gozaba para influir en cada rincón estatal que interfiriera en el plan», informa Efe.
Daño al Estado
El tribunal detalló la «colosal extensión del daño causado», ya que perjudicó al erario público en un «monto estrafalario» de 84.835,2 millones de pesos al 6 de diciembre del 2022 (400 millones de euros al tipo de cambio oficial actual). Resaltó, además, «la inusitada prolongación en el tiempo», desde la creación de la empresa Austral Construcciones por Báez, el 8 de mayo del 2003, hasta la decisión de despedir al personal contratado y abandonar las obras viales en curso, el 30 de noviembre del 2015.
Y añade que esas fechas «estuvieron directamente determinadas por los resultados antagónicos de dos procesos electorales», cuando Néstor Kirchner inició su presidencia y Cristina Fernández terminó su segundo mandato.
La vicepresidenta, que goza de inmunidad por sus cargos en el Gobierno de Alberto Fernández, siempre ha defendido que las acusaciones son «mentiras y difamaciones» del fiscal y que todo es fruto de una persecución política, judicial y de algunos medios de prensa, ideada por el Gobierno del expresidente Mauricio Macri. Considerar el juicio como una expresión concreta de lawfare (o persecución judicial) solo es para el tribunal una «coartada» de la defensa para eludir la rendición de cuentas.
El tribunal sostiene que no entiende «de qué modo la hipótesis conspirativa» podría impactar en el análisis de los jueces, en tanto «no niega ni explica los hechos que fueron comprobados ni la prueba que los acredita». E indicó que resulta un «cliché» vincular el devenir del proceso con la coyuntura política o el calendario electoral, aunque «ahora parece más sofisticado hablar de lawfare».
Tras la publicación de los fundamentos, se abre la etapa de apelaciones. Y se espera que la defensa de la vicepresidenta presente el correspondiente recurso.
Fernández podría beneficiarse, por haber cumplido ya 70 años de edad, del arresto domiciliario si la condena se hiciera firme. Se prevé la reacción de la propia vicepresidenta este viernes en una aparición en la Universidad Nacional de Río Negro.