Bukele también ha anunciado que doblará los efectivos de las Fuerzas Armadas para luchar contra las pandillas, una decisión que también ha sido foco de críticas.
Sin mayor debate parlamentario fue aprobada también la Ley por la que la criptodivisa Bitcoin se convierte en moneda de uso legal en El Salvador a partir del 7 de septiembre, medida rechazada por, al menos, tres cuartas partes de la ciudadanía, y que está siendo utilizada por la oposición para intentar minar la popularidad de un Gobierno que es apoyado por una amplia mayoría de los salvadoreños, mientras es acusado de señalar a la prensa, de haber negociado con las pandillas la reducción de la violencia y de estar minando la separación de poderes.
EE.UU. condena el fallo que permite la reelección del presidente salvadoreño
La decisión de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de avalar la reelección presidencial inmediata de Bukele no ha sentado nada bien en Estados Unidos. Y así lo manifestó la encargada de negocios estadounidense en El Salvador, Jean Manes, que advirtió que es «una muestra» de una «democracia en declive» en el país, lo que «daña» la relación con Estados Unidos, según informa Europa Press.
«Esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la Constitución salvadoreña que establece que no está permitida», ha subrayado Manes en Twitter mientras manifestó el rechazo del Gobierno de Estados Unidos a la medida que abre la puerta a que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, pueda ser reelegido. También considera que el reciente fallo es el «resultado directo» de la decisión del 1 de mayo de la Asamblea Legislativa salvadoreña, aliada de Bukele, de «remover inconstitucionalmente a los magistrados en funciones de la Sala de lo Constitucional e instalar reemplazos leales al Órgano Ejecutivo». «Esto demuestra una estrategia clara para socavar la independencia judicial y eliminar un contrapeso clave al poder ejecutivo», añadió para recordar que «un principio fundamental de la democracia son los tres poderes del Gobierno».
