El presidente no ha revertido el permiso de Trump para el oleoducto de Dakota
01 feb 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La paz por un puñado de monedas. Así se firmó el tratado que puso fin a la guerra con la gran nación siux y que permitió abrir el paso de las montañas Rocosas a las grandes llanuras del oeste, una ruta imprescindible para la colonización de la última frontera americana. «Pero tan pronto como se encontró oro en las Colinas Negras, el Gobierno violó los tratados y el Congreso promulgó estatutos que arrebataron vastas áreas de tierra a nuestras reservas», recordaron esta semana a Joe Biden cuatro jefes de las siete tribus que sobreviven en las Dakotas.
La fiebre del oro pasó. La del oro negro todavía enturbia «el uso absoluto e imperturbable» que el Tratado de Fort Laramie prometía a la nación india. La construcción de oleoductos que atraviesan sus tierras ha sido un nuevo sendero de lágrimas para los indígenas en la última década, siempre al vaivén de órdenes ejecutivas que hacen y deshacen su destino. La última llegó el pasado día 20, cuando Biden inauguró su mandato con 17 órdenes ejecutivas, entre las que revertía la proclamada por Donald Trump en su primer día para devolver la vida al proyecto de Keystone XL, que Barack Obama suspendió en el 2016 tras las protestas en la reserva de Standing Rock, por «no servir a los intereses nacionales» de EE.UU., concluyó. Cada una de esas victorias había llegado a lomos de los Protectores del Agua, los que se irguieron en defensores de la vida que fluye a través de los ríos y manantiales, amenazados por filtraciones del petróleo más contaminante del mundo: el de las arenas bituminosas.
Desde la provincia canadiense de Alberta hasta las aguas del golfo de México, las arterias petrolíferas con miles de capilares que se abren en los acuíferos al menor accidente han obligado a los indios a ponerse en pie de guerra. Los cheyenne, los arapahoes, los crows y todas las tribus que ahora se integran con los siux han invocado a los espíritus de Caballo Loco y Toro Sentado para rodear con alaridos al hombre blanco de Washington y exigirle que cumpla sus promesas.
Los tiempos han cambiado. Ya no rodean las diligencias con sus caballos, sino que envían a las redes vídeos por YouTube. Thokata he miyé», empieza el que le han grabado esta semana. «Mi nombre es el futuro», dice la voz al galope de un caballo que atraviesa la meseta nevada. Y el tiempo, hasta Standing Rock en el 2016. «Ahí es donde todo comenzó. Miles llegaron de todas partes a proteger nuestro río. Nosotros llegamos con rezos, pero ellos traían armas. La historia se repite y tendemos a olvidarla».
Represión
La compañía texana Energy Transfer Partners que construía el oleoducto a través de lugares de enterramientos sagrados y bajo las aguas de los ríos Misuri y Misisipi, respondió a las sentadas con milicias privadas, balas de goma y perros de pelea, que en septiembre de ese año se llevaron entre los dientes la carne de los manifestantes. En octubre los enfrentaron con equipamiento militar. En noviembre les dispararon cañones de agua helada en medio de la nieve. Cerca de mil fueron detenidos, pero seguían llegando más. Antes de que el #MeToo o el #BlackLivesMatter triunfaran en las redes lo hizo el #NoDAPL, aunque fuera menos universal. Las protestas de las que brotaron acciones legislativas en seis Estados recordaban a las de los derechos civiles de los años sesenta. Inspiraron a toda una generación de la que salieron políticos como Alexandria Ocasio-Cortez y Deb Haaland, la indígena de Nuevo México que antes de ser congresista cocinaba tortillas con chile en los campamentos de Standing Rock. Hoy se sienta a la derecha de Biden como su ministra de Interior. Ella es la mejor garantía de que el presidente oirá los lamentos de su pueblo, aunque por ahora se ha resistido al ultimátum.
El día de la investidura, los cuatro jefes siux le dieron diez días para cerrar el Dakota Access Pipeline (DAPL), que se construyó con la aprobación de Trump y por el que sigue fluyendo el oro negro sin permiso y en contra de la opinión del juez James Boasberg, que en abril pasado dio a la empresa 30 días para cerrarlo. Las apelaciones lo han mantenido vivo, pero el caso volvió ratificado esta semana a la mesa del juez.