Maduro intenta blindar su poder con una ley antibloqueo

La iniciativa permite al régimen chavista suscribir contratos secretos y encarcelar a quienes divulguen su contenido

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Caracas / Correponsal

Nicolás Maduro ha sacado del congelador a la Asamblea Nacional Constituyente para que apruebe una ley antibloqueo que le da poderes absolutos para negociar contratos en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, sin ningún control del Parlamento.

Esta ley prevé castigos, además, para aquellos que informen sobre dichas negociaciones y contratos, según el proyecto presentado la semana pasada ante la Cámara legislativa paralela creada en el 2017, y a la que la comunidad internacional no reconoce.

«Cambia el sistema de Gobierno, lo convierte en un presidencialismo sin controles, sin régimen presupuestario y sin derecho a la información», señala el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli. «Además, es una usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional, porque la ANC tiene como mandato redactar una nueva Constitución y no sustituir al Parlamento, maniatado por decisiones judiciales impresentables», añade este experto.

Autoritarismo «sultanístico»

Conociendo lo delicado de un proyecto que «refuerza los rasgos sultanísticos del autoritarismo de Maduro», según un politólogo que pidió permanecer en el anonimato, el mandatario ha hecho un trabajo de imagen para promover la bautizada oficialmente como Ley Constitucional Antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos.

La coletilla de «garantía de los derechos humanos» intenta revertir el mazazo que supuso el informe de la misión de verificación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha acusado al régimen de Maduro, empezando por el propio mandatario, de crímenes de lesa humanidad.

El contenido de la ley antibloqueo ha hecho que sus primeros detractores no vengan ni siquiera de la oposición, sino del ala más a la izquierda del propio chavismo, incluido el Partido Comunista de Venezuela (el más antiguo del país entre los que continúan vigentes), cuya ruptura con el régimen se ha profundizado en los últimos meses.

Las consecuencias de la norma

La ley permitirá a Maduro adjudicar concesiones petroleras, privatizar empresas o devolverlas a sus antiguos propietarios en el caso de que estas hayan sido confiscadas y suscribir empréstitos en nombre del país sin control del Parlamento, y aún más, castigando con la cárcel a aquellos que pudieran divulgar la información.

«La ley antibloqueo es entregar el país al capital transnacional, estableciendo una censura y autocensura a la opinión pública, enmascarándola en una supuesta defensa de la soberanía nacional», denuncia el Partido Comunista. Para el economista Ronald Balza, resulta improbable que la aplicación de la ley redunde en resultados favorables para el régimen de Maduro, más allá de reforzar el control que países como China y Rusia ya tienen sobre la menguada economía venezolana.

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