Condenada por «corrupción espiritual» en Caracas una jueza que fue torturada y violada en prisión

María Lourdes Afiuni Mora acaba de ser sentenciada a cinco años de cárcel por un delito que no existe en el ordenamiento jurídico venezolano ni de ningún país. En prisión fue  torturada, vejada y violada

María Lourdes Afiuni con su madre Elena Mora en Caracas en noviembre de 2015
María Lourdes Afiuni con su madre Elena Mora en Caracas en noviembre de 2015

A CORUÑA

La sentencia, dictada a mediados de la pasada semana por el juez Manuel Antonio Bognanno, llega tras casi diez años de juicio en el que no se presentó ninguna prueba incriminatoria contra ella. Actualmente se encuentra en libertad condicional, a la espera de que el tribunal correspondiente decida si tiene que volver a la cárcel de mujeres donde ya ha estado encerrada durante tres años con reclusas a la que ella misma había condenado y donde fue torturada, vejada y violada hasta dejarla embarazada, por lo que le practicaron un aborto.

Esta sentencia llega tras un juicio interminable que se inició el 17 de mayo de 2010, tras ser suspendido en abril de 2015, cuando aparentemente estaba a punto de concluir. Hasta esa fecha se venía celebrando una audiencia cada 15 días porque en cada una de ellas sólo declaraba un testigo de los 47 que estaban citados.

Las reacciones a esta esperpéntica sentencia no se han hecho esperar: «denunciamos la proscripción del derecho a un juicio justo mediante la sentencia de fecha 21 de marzo de 2019, dictada por el Juez provisorio Manuel Bognanno del Juzgado 17º de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, quien condenó a la jueza María Lourdes Afiuni a cinco años de prisión. El colofón -añade el comunicado difundido por el Colegio de Abogados de Caracas- ha sido el delito imputado: corrupción espiritual,  lo cual constituye un fraude a la Constitución, porque tal innovación en materia penal, creada para este juicio, violenta el principio fundamental del debido proceso: Ningún delito, ninguna pena sin ley previa. Igualmente quebranta el principio de separación de los poderes ya que el juez está usurpando la facultad de legislar al crear un nuevo delito».

Por su parte, Nuris Orihuela Guevara, ministra de Chávez cuando el comandante ordenó la detención de la jueza (2008-2009), en un artículo publicado el pasado viernes en el portal aporrea.org, empezaba diciendo que «si identifico un episodio que me distanció del presidente Chávez, sin ninguna duda, ese episodio fue la orden de aprehensión de la jueza Afiuni, sin respeto del debido proceso. El irrespeto flagrante del estado de derecho, la violación deliberada de la separación de poderes, la humillación pública de una mujer que como mínimo debía gozar de un juicio imparcial, las vejaciones de las que fue objeto como consecuencia del desatino enfermizo del presidente, representaron en mi caso, la evidencia material del inmenso error cometido al creer que era posible construir la Venezuela soñada, libre, democrática, desarrollada, bajo su guía y conducción».

Esta insólita condena  por corrupción espiritual, un término acuñado por el Papa Francisco  y usado en el juicio por la fiscala del caso, llevó a una twitera a preguntarse con sorna: «¿será que el Papa Francisco fue quién redactó la sentencia?».

Fue el 10 de diciembre de 2009, cuando el difunto líder bolivariano con su peculiar talante democrático, tras calificarla de bandida en televisión, en una de sus cadenas nacionales, emitidas en directo casi a diario y con carácter obligatorio por todas las emisoras de televisión y radio del país, la sentenció. Dijo literalmente: «Yo exijo dureza contra esa jueza. Incluso le dije a la presidenta del Tribunal Supremo doctora Luisa Estela Morales y así lo digo a la Asamblea Nacional, habrá que hacer una ley porque es mucho, mucho, mucho más grave que un juez que libere a un bandido, que el bandido mismo. Es infinitamente muy grave para una república, para un país, que un asesino, porque pague, un juez lo libere. Es más grave que un asesinato. Entonces, habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso. 30 años pido yo en nombre de la dignidad del país». Y sus órdenes fueron cumplidas en menos de una semana.

¿Qué delito cometió esta jueza que acabó convertida en el paradigma de la justicia en la Venezuela de las dos últimas décadas? Algo tan grave como que, en el ejercicio de sus competencias judiciales, había ordenado la excarcelación del banquero Eligio Cedeño,  acusado de fraude bancario, que llevaba tres años detenido sin condena, cuando el plazo máximo legal era de dos años, ¿Que había hecho Cedeño? Aparecía implicado siendo director del banco que intermedió en la concesión de divisas en el conocido como caso Microestar, en el que el solicitante era un sujeto que había dejado plantada como novia a una de las hijas del comandante, y a este último finalmente le costó el desplante seis años de cárcel.

En el año 2015 en un encuentro en Caracas, por boca de su madre que la acompañaba porque ella tenía y sigue teniendo vedadas las relaciones con los medios y su presencia en las redes sociales,  María Lourdes relató a La Voz de Galicia el calvario padecido desde su detención.

Reconoció que la decisión que había adoptado era «delicada». Era consciente de que iba a ser investigada y que podía ser suspendida, pero nunca se imaginó que la cosa llegaría a donde llegó y menos con la anuencia del propio poder judicial. Los propios agentes de la policía política que la detuvieron le habían reprochado la osadía de liberar a un preso del presidente, «ahora usted va a ocupar su lugar», le dijeron.

Estuvo privada de libertad en una cárcel de mujeres en la que tuvo que luchar día a día por su supervivencia, porque entre sus compañeras había más de una condenada por ella.  Sus carceleras tampoco le tenían especial aprecio. La primera directora la puso en una celda individual para resguardar su vida, pero se fue al cabo de una semana y la que la sustituyó tenía antecedentes de malos tratos. Por la ventana le rociaron la celda con gasolina y le intentaron prender fuego en más de una ocasión, otras presas entraron en su celda y la agredieron brutalmente. La pesadilla concluyó cuando, por razones de salud, le cambiaron cárcel por casa. Fue intervenida quirúrgicamente pero aún tiene secuelas de las lesiones de las que fue objeto.

Cuando su caso llegó a la ONU y a la Comisión Internacional de Juristas, que le dieron pleno respaldo, la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, hoy en el exilio, sacó a relucir una  carta supuestamente firmada de puño y letra por la jueza presa, en la que negaba las noticias sobre los malos tratos recibidos en la cárcel de mujeres. María Lourdes Afiuni rechazó categóricamente la existencia de dicha carta. Ese desmentido, nos decía entonces por boca de su madre, ha hecho que la titular de la Fiscalía y Diosdado Cabello, fuesen los principales obstáculos para poner fin a su calvario. El número dos del chavismo la menciona cada dos por tres en su programa televisivo Con el mazo dando e incluso saca fotos de su hija que está estudiando fuera del país.

En su interminable juicio que arrancó con una audiencia preliminar el 17 de mayo de 2010 y en el que los cargos eran  por corrupción impropia, con lo que la  pena podría llegar a los siete años de cárcel, no se le pudo demostrar nada por falta de pruebas, ningún testigo declaró en su contra. La fiscal de la causa dijo que Afiuni sintió un gran placer al haberle dado la libertad a Eligio Cedeño. Así, por placer, le cayeron cinco años de lo que, en el peor de los casos, le quedan dos por cumplir.

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