La represión en Nicaragua afecta a dos enfermeras españolas

El Ministerio de Gobernación les ha arrebatado la residencia legal después de tres décadas en el país


nueva york / colpisA

La huida hacia adelante del régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo continúa asestando zarpazos a diestra y siniestra. Esta semana le tocó a dos hermanas españolas que llevan más de tres décadas viviendo en Nicaragua, Ana y María Jesús Ara Sorribas, a las que el Ministerio de Gobernación ha arrebatado la residencia legal de la que disfrutaban dejándolas en el limbo.

«No sé si soy turista, porque si soy turista no puedo ser pensionista, no sé cuándo puedo salir, no sé si tengo que pedir visa cuando salga», se rascaba la cabeza María Jesús.

El Gobierno acusa a estas dos enfermeras de Barcelona, que llevan 33 años residiendo en Nicaragua y desde su jubilación pasaban la mitad del año en España y la mitad en Nicaragua, de haber organizado un acto político en la catedral de Matagalpa, algo que ellas niegan rotundamente. Según la periodista local Argentina Olivas, «lo que les molestó es que organizáramos el carnaval contra la violencia», algo que el colectivo de mujeres de Matagalpa, del que Ana es cofundadora, lleva realizando 26 años.

En el clima de represión actual que vive el país desde abril pasado, cualquier acto público es considerado insidioso. «Por mucho que les explicamos que era una cosa internacional que se celebraba en todos los países no lo entendieron», lamentó Olivas. El acto festivo no llegó a celebrarse, porque la policía se apostó frente a la sede del colectivo y les impidió salir. Al día siguiente comenzó la cacería de brujas contra las feministas, que desconoce las mínimas reglas del orden jurídico.

Deportación

A Ana Ara le suspendieron su proceso de nacionalidad, tras hacerlas presentarse en el ministerio de Gobernación, junto a su hermana y la ciudadana suiza Beatrice Huber, que estaba de visita en casa de las hermanas el sábado, cuando entraron cuatro hombres encabezados por el capitán Ortiz, el único que se identificó para citarlas. Círculos sandinistas las acusan de «terroristas» urgiendo a su inminente deportación y tratan de desacreditarlas. El ataque contra los colectivos feministas es el último capítulo de una ola represiva que ya ha dejado más de 500 muertos y unos 50.000 refugiados.

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