La Unión Europea asiste a la contienda entre Ucrania y Rusia dividida. Países Bálticos, Polonia y el Reino Unido presionan para que los Veintiocho amplíen las sanciones vigentes a Rusia desde que se anexionó de forma ilegal la península de Crimea en el 2014. Llevan años alertando del hambre imperialista del Kremlin. Su hostilidad hacia Moscú contrasta con la tibieza de países como Italia, Grecia, Bulgaria y Chipre, quienes están intentando aflojar el cordón sanitario en torno al vecino del este, ante el temor a que una escalada de sanciones acabe dañando a su economías.
Alemania también está tratando de aliviar la presión de sus socios europeos. El pasado junio accedió a prorrogar otro año más las sanciones a Rusia a regañadientes y con los ojos puestos en el gasoducto Nord Stream II, por donde Moscú hará llegar el gas a los alemanes, para incomodidad de Bruselas. La Comisión Europea criticó en varias ocasiones la insistencia de la canciller, Angela Merkel, en avalar un proyecto que prolongará la dependencia energética del gigante ruso.
El vicepresidente de la institución, Valdis Dombrovskis, instó ayer a Kiev y a Moscú a cesar las hostilidades tras el debate en el colegio de comisarios. «La situación es inaceptable. Deben liberar los buques inmediatamente, proporcionar asistencia médica a los marinos heridos y garantizar el paso seguro por el estrecho de Kerch», exigió el lituano antes de recordar que la UE «no reconoce la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia».
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, sigue con los contactos para tratar de coordinar a las cancillería europeas y a sus socios internacionales. La italiana busca una respuesta común que, por ahora, es una quimera. La UE no aprobará nuevas sanciones, al menos hasta que haya unanimidad o la situación no precipite choques violentos o situaciones de extrema gravedad para la seguridad del Continente. La decisión podría llegar en la última cumbre europea del año, que se celebrará a mediados de diciembre en Bruselas.