Un juez impide negar asilo a la caravana

Las limitaciones de Trump no solo afectarían a los centroamericanos que están llegando, sino a unas 70.000 personas que cada año entran al país sin papeles


n. YOrk / colpisa

A Donald Trump le gusta reinterpretar las leyes con ayuda de sus abogados, dedicados a la labor de encontrar resquicios legales, pero ayer se tropezó, una vez más, con la Justicia. El juez Jon Tigar bloqueó temporalmente la proclama presidencial en la que hace doce días el presidente dijo ejercer sus poderes de emergencia para cambiar las reglas de asilo e impedir así, preventivamente, que los miembros de la caravana que han llegado a la frontera puedan pedir asilo político.

«Sea cual sea el alcance de la autoridad presidencial no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente», le amonestó el magistrado de San Francisco. Se refería a la instrucción que ha dado el presidente al Departamento de Justicia de no considerar las solicitudes de asilo político que no se presenten en una de las garitas fronterizas del río Bravo, cuando la ley de refugio escrita por el Congreso en 1980 expresamente acepta las solicitudes de cualquier individuo que esté físicamente presente en EE.UU., «tanto si llega o no por un puerto designado para la entrada».

Un embudo

El Gobierno de Trump ha convertido la garita de San Diego en un embudo en el que solo se aceptan de media siete solicitudes por día, lo que dejaría a los 5.000 miembros de la caravana atascados en Tijuana más de dos años. De acuerdo a la ley del Congreso que se ajusta a la jurisprudencia internacional, cualquiera de esos inmigrantes que cruce la frontera por sus medios a través de un punto ciego cometerá una infracción y puede recibir por ello una multa o hasta seis meses de cárcel. No obstante tendrá derecho a presentar su solicitud de asilo político en cualquiera de los puntos oficiales o a través de la asociaciones que ayudan a los migrantes, salvando así el embudo fronterizo.

Las limitaciones de Trump no solo hubieran afectado a los centroamericanos que llegan en caravana, sino a unas 70.000 personas que cada año solicitan asilo en EE.UU. tras haber entrado al país sin papeles. El Departamento de Justicia ya ha limitado las solicitudes que acepta al negar que la violencia doméstica o el miedo a pandilleros sean motivos para huir del país, por mucho que se demuestre que el solicitante teme por su vida.

El caso, sobre el que el juez Tigar volverá a pronunciarse el 19 de diciembre, podría acabar en el Supremo, donde el presidente ha colocado a dos de sus hombres de confianza inclinado la ideología hacia el lado conservador.

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