Berlín califica al país de inseguro para turistas e inversores
21 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Primero fueron la sátira sobre Erdogan, obra de un humorista, y la resolución por la que el Bundestag reconoció el genocidio armenio bajo el Imperio Otomano. Meses después, estalló la polémica por la visita de los diputados alemanes a sus soldados estacionados en bases turcas, que terminó con la retirada de las tropas. Y finalmente, la gota que colmó el vaso ha sido el ingreso en prisión de nueve ciudadanos germanos, como el corresponsal de Die Welt Deniz Yücel y el activista Peter Steudtner, a los que Ankara acusa de terrorismo. La lista de conflictos entre ambos países se alarga, pese a que muchos auguraban la normalización de las relaciones tras el referendo que otorgó más poder al presidente turco.
Como consecuencia, el Ejecutivo de Merkel empieza a hartarse de los arrebatos de Recep Tayyip Erdogan, su socio en la OTAN y del que depende para reducir el flujo de refugiados que llegan a Europa. «Hemos tenido paciencia. Una y otra vez confiamos en un regreso a la sensatez, pero una y otra vez nos vimos decepcionados», declaró ayer el titular germano de Exteriores, Sigmar Gabriel, que suspendió sus vacaciones para anunciar unas represalias que Ankara consideró como retorcidas, unilaterales e inaceptables en cuanto tuvo conocimiento de ellas. A partir de ahora, la web de su ministerio recomendará prudencia a todo el que desee viajar al país, tercer destino turístico para los alemanes, y advertirá de que, en caso de detención, no siempre es posible brindar asistencia consular.
«Berlín no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos ni de los inversores en Turquía», advirtió Gabriel, quien presentó unas medidas calificadas por la canciller de «necesarias» e «imprescindibles». La reacción del Gobierno alemán llega apenas un día después de que el semanario Die Zeit revelara la existencia de una lista elaborada por Ankara que vincula a 68 empresas teutonas, tales como Daimler y BASF, con la asonada militar que intentó derrocar a Erdogan en julio de 2016.
Una intentona golpista tras la cual el mandatario turco declaró el estado de emergencia, que acaba de ser extendido por cuarta vez, y emprendió una inédita purga, que ya ha llevado al despido de unos 150.000 funcionarios, el cierre de 160 medios de comunicación y la detención de unas 50.000 personas. Los últimos: nueve miembros de Amnistía Internacional, entre los que se encuentra Steudtner. «Debemos revisar nuestra política con Turquía», amenazó Gabriel, habiéndolo consensuado antes con Merkel y el líder socialdemócrata, Martin Schulz.
Algunos diarios como Der Spiegel o Bild filtraban ayer que Ankara se habría ofrecido hace unas semanas a liberar a Yücel a cambio de que Berlín le entregase a dos ex generales del Ejército turco que, junto al menos otras 260 personas, han recibido asilo en Alemania desde el golpe fallido. Gabriel aseguró no tener constancia de esa oferta.