Odebrecht, corrupción y castigo

La entrada en prisión de Humala desvela la magnitud de las prácticas ilegales de la constructora en toda América Latina

El presidente de Perú, Ollanta Humala
El presidente de Perú, Ollanta Humala
F.E. REUTERS
REDACCIÓN / LA VOZ

En un continente acostumbrado a las fricciones entre estados, Odebrecht logró tender puentes en torno a una misma idea: la corrupción. La firma brasileña, una de las constructoras que más dinero facturan de América Latina, dedicó desde el año 2001 un 10 % de sus ganancias al pago de sobornos para obtener contratos públicos en una docena de países. La Justicia estadounidense estimó el pasado diciembre que la suma total podría ascender a más de 785 millones de dólares. El escándalo salpica a políticos, banqueros y empresarios de todas las corrientes ideológicas, sin distinción.

El entramado se cobró ayer una de sus primeras víctimas de renombre, pero no será la última. El expresidente peruano entre el 2011 y el 2016, Ollanta Humala, ingresó en prisión provisional junto a su mujer, Nadine Heredia, después de que un juez estimase que existía riesgo de fuga. La Fiscalía considera que habrían recibido 3 millones de dólares de la empresa brasileña para su campaña electoral de 2011.

El magistrado encargado de la causa, Richard Concepción Carhuancho, también decretó prisión provisional por el caso Odebrecht contra otro expresidente, Alejandro Toledo, al que no pueden procesar por vivir en EE.UU. Humala se unirá en prisión a otro expresidente, Alberto Fujimori, que gobernó Perú diez años y está condenado a otros 25 de cárcel.

Una red organizada

La trama tiene su epicentro en Brasil y desde allí extendió sus tentáculos por todo el continente. Odebrecht se enmarca dentro de la gigantesca causa conocida como «Lava Jato», por la que el expresidente Lula Da Silva fue condenado a nueve años y medio de cárcel. Su sucesora, Dilma Roussef, también habría podido beneficiarse de dinero sucio en sus campañas electorales, aunque no está imputada, y Michel Temer, denunciado, también está en el punto de mira. La compañía está acusada de pagar 349 millones de dólares a políticos brasileños entre el 2003 y el 2016.

En Colombia, la constructora «asumió costes» de las campañas electorales del actual presidente Santos y del excandidato Zuluaga en 2014, tal y como confirmó anteayer la Fiscalía, tras invertir 11 millones de dólares en sobornos entre el 2009 y el 2014.

A principios de julio, Argentina vetó por un año a la compañía después de haber desembolsado 35 millones de dólares durante los gobiernos de los Kirchner. En Venezuela se gastó aún más, al igual que en República Dominicana. En ambos casos se destinaron más de 90 millones de dólares a pagos irregulares. El colectivo dominicano Marcha Verde clama por la dimisión del presidente, después de que ocho políticos y empresarios hayan ingresado en la cárcel. En Chile, la policía investigó la sede de la entidad tras conocerse el escándalo, pero no hay encausados por el momento. Ecuador, México, Panamá, Guatemala, Mozambique y Angola son el resto de estados manchados por la corrupción de la firma brasileña.

Multas milmillonarias

El pasado diciembre, EE.UU., conjuntamente con Suiza y Brasil, interpuso una multa de 3.500 millones de dólares a Odebrecht, que en 2016 ha registrado por primera vez pérdidas desde 1999. El daño reputacional le ha reportado una factura negativa de 606 millones en este ejercicio.

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