El presidente luchará por reponer el veto migratorio y anuncia nuevas medidas de seguridad
11 feb 2017 . Actualizado a las 09:59 h.«Continuaremos el proceso en los tribunales y no tengo ninguna duda de que ganaremos». Con estas palabras Donald Trump anunció ayer que su Administración dará la batalla legal después de que la Justicia tumbara su veto migratorio. De momento, y hasta conocer los pasos que dará el Departamento de Justicia, Trump se ha dado de bruces contra los límites que le impone la democracia, y que él puso a prueba al firmar la orden ejecutiva que prohibía la entrada de refugiados y de ciudadanos de siete países musulmanes. De esta manera, la decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, ha ido más allá del mantenimiento o no del veto migratorio. En juego estaba la vigencia de la separación de poderes que, para alivio de todos, funciona en EE.UU.
Los jueces William Canby, Richard Clifton (nominados por Jimmy Carter y Barack Obama) y Michelle Friedland (elegido por George W. Bush), de manera unánime se acogieron al «interés público general» para mantener el bloqueo de la orden ejecutiva impuesto hace una semana por el juez federal de Seattle, James Robart. Los tres magistrados rechazaron contundentemente que suspender el veto migratorio suponga un peligro para el país, tal y como argumentó el Ejecutivo.
La labor del tribunal no era juzgar la constitucionalidad de la orden, si no evaluar si la decisión del presidente era susceptible de revisión judicial, dado el poder que tiene sobre la seguridad nacional. «Esto va en contra de la estructura de nuestra democracia constitucional», cargaron los magistrados. El rapapolvo no quedó aquí, porque además los jueces impugnaron la noción de que «las ramas políticas» del poder puedan «encender o apagar la Constitución a voluntad» y así creer que «los tribunales no tienen autoridad para revisar acciones ejecutivas». Así, Trump sufrió algo más que una derrota legal sobre su veto. Se chocó de bruces con los límites del poder ejecutivo a manos del judicial.
La decisión ha supuesto un tremendo varapalo para el neoyorquino. Frente a los medios trató de mostrar contundencia y aseguró que va a «hacer algo de manera muy rápida» para «la seguridad adicional» del país. «Lo verán la próxima semana», anunció ayer intentando disimular su enfado que horas antes había evidenciado en Twitter, calificando la decisión de «vergonzosa».
Nada se descarta
Su contrariedad contrastó con la satisfacción demócrata. «Debería de abandonar su propuesta, arremangarse y salir con un plan real y bipartidista de cómo mantenernos seguros», propuso el líder del Senado, Chuck Schumer. «Nada se descarta», reveló a la CNN un funcionario de la Casa Blanca sobre la posibilidad de la redacción de una nueva orden.
Un festejo sobresalió por encima de todos. Fue, el de Hillary Clinton: «3-0», tuiteó, en referencia a la unanimidad de los jueces a la hora de mantener la suspensión del veto. «Habilidad, juicio, coraje», añadió el exfiscal general demócrata Eric Holder. La World Relief Corporation, una de las agencias que se encarga de reubicar a los refugiados en EE.UU., dijo que el dictamen suponía «fabulosas noticias» para los 275 refugiados que llegarán la próxima semana a ciudades como Seattle y Sacramento.
En la bancada republicana mientras tanto, el congresista Tom Cotton, una de las figuras más fieles a Trump, habló del tribunal de San Francisco como el «más izquierdista de EE.UU. y el más revertido en el Supremo», dando a entender que la opinión del alto tribunal sería muy distinta al de Apelaciones.
La Oficina de Ética, desbordada tras la promoción de la marca de Ivanka
«El presidente me apoya y millones de americanos lo apoyan a él y a su agenda», dijo Kellyanne Conway tras haberse disculpado con Trump por utilizar su cargo en la Casa Blanca para promocionar la firma de ropa de su hija Ivanka. El presidente no solo le expresó su «completo apoyo», sino que también dijo detestar la palabra «aconsejar» que utilizó su portavoz Sean Spicer. La Oficina de Ética del Gobierno se encuentra desbordada después de recibir cientos de quejas ciudadanas contra la asesora. Sus comentarios han suscitado un alud de críticas, incluso entre los republicanos. Tanto es así, que el presidente del Comité de Supervisión en la Cámara de Representante, Jason Chafferz, ha pedido acciones disciplinarias contra Conway. «Se pasó de la raya. El caso representa un conflicto de intereses», dijo el republicano.