Medio siglo de maridaje con el poder dio cancha libre a los carteles de México
INTERNACIONAL
Los sucesivos Gobiernos no han puesto gran empeño en combatir el tráfico de drogas
25 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La historia del narcotráfico en México no empezó con el Chapo Guzmán ni se cerrará con su reciente detención, aunque esta acabe siendo la definitiva. Los orígenes del negocio de las drogas en el país azteca se remontan a finales del siglo XIX. Nació de la mano de los chinos que llegaron a América para trabajar en las obras del ferrocarril de San Francisco y se establecieron en la frontera, donde introdujeron la cultura del opio y el cultivo de la adormidera.
Luego vendría el negocio de la marihuana, cultivada de forma extensiva, y más tarde el de la cocaína, ya como clientes y/o aliados de los colombianos, para abastecer al gran mercado norteamericano, primero, y al europeo, después.
El fabuloso negocio de la cocaína potenció el surgimiento de los grandes carteles y su posterior conversión en potentes organizaciones delictivas del crimen organizado que hacían -y hacen- negocios no solo con los distintos tipos de droga, sino también con la extorsión, el secuestro, el tráfico de seres humanos y, más recientemente, con el petróleo.
Aliados por acción u omisión
Los sucesivos gobiernos mexicanos no solo no han puesto excesivo empeño en combatir estas organizaciones criminales, sino que, en distintos momentos, se han convertido en sus principales aliados, ya fuese por acción o por omisión.
Si en la década de los 70, bajo el mandato de José López Portillo, el negocio estaba en manos de los carteles de Guadalajara y El Golfo que operaban en no más de 10 estados, con Enrique Peña Nieto, cuatro décadas más tarde, operan en el país nueve organizaciones criminales, todas ellas escisiones de las dos primeras. Según datos de la Procuraduría General de la República (PGR), tienen actividad en al menos 25 estados. En todos estos años, según Guillermo Valdés, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), «el negocio de la droga en México solo ha cambiado de manos. Se mantiene porque el verdadero negocio está al otro lado de la frontera y allá no ha bajado, sino por el contrario, ha aumentado».
De acuerdo con los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el mercado del consumo de todo tipo de sustancias ilícitas registró un aumento constante al menos hasta el 2012, cuando empezó a estabilizarse después de que en los cinco años anteriores registrase un incremento del 64 %.
Ha tenido un coste humano altísimo. En los últimos 15 años, según datos de la PGR, han sido detenidas en México 393.332 personas por sus relaciones con la delincuencia organizada y se han confiscado 27,5 millones de kilos de marihuana. De lo que no hay datos oficiales -los oficiosos son elocuentes- es del número de funcionarios de alto nivel investigados, procesados y juzgados, pese a las acusaciones y sospechas por nexos con el crimen organizado y el narcotráfico.
Según veteranos analistas como Alejandro Hopem, editor de seguridad de El Daily Post, el denominador común de los mandatos de los siete presidentes de las ultimas cuatro décadas ha sido la debilidad institucional del Estado. Se refleja en unos cuerpos policiales mal formados y mal pagados y, por consiguiente, fácilmente sobornables, en los que se producen fugas constantes hacia las filas del crimen organizado.
A ello se suma un Ministerio Público incapaz de sacar adelante cualquier proceso judicial mínimamente complejo, lo que deja libres a criminales de cualquier rango. Y no se puede perder de vista el sistema judicial y penitenciario, con unos jueces bastante vulnerables a la corrupción y la intimidación.
El asesinato de Camarena, punto de inflexión en la guerra a los capos
Hasta mediados de los ochenta, los narcos mexicanos han campado por sus respetos. Desde el aparato del Estado nadie los molestaba, a no ser para recordarles el pago de los peajes por mirar para otro lado. A la otra orilla del río Grande tampoco preocupaba excesivamente la marcha de un suculento negocio del que el Estado también se lucraba porque en el norte era -y es- donde se blanqueaban -y blanquean- las ganancias.
Pero todo cambió en febrero del año 1985, cuando el agente de la DEA (la agencia antidroga de EE.?UU.) Enrique Camarena, que había logrado infiltrarse en el cartel de Guadalajara y había provocado tres meses antes la incautación de 4.000 toneladas de marihuana cosechadas en el rancho El Búfalo, fue torturado y asesinado por orden del capo Caro Quintero, según la versión oficial, o por agentes de la mismísima CIA, porque el osado agente sabía demasiado.
El hecho es que la presión de Washington forzó al Gobierno de Miguel de La Madrid a iniciar la cacería de los líderes del cartel de Guadalajara. Este se desdobló en los de Juárez, Tijuana y Sinaloa, liderado este por el Chapo Guzmán.
El 70 % de las armas incautadas a los narcos proceden de Estados Unidos
No son pocos los analistas que sostienen que la solución a los males que padece México como consecuencia del crimen organizado vinculado al narcotráfico y demás actividades delictivas afines se encuentra más en Estados Unidos que en el país azteca. No parece, además, que vayan demasiado desencaminados.
El poderoso vecino del norte no solo es el principal mercado de las drogas ilícitas que comercializan los carteles mexicanos, principalmente en las grandes ciudades. Junto con eso, es el principal proveedor de armas con las que las mafias se enfrentan al Estado mexicano o dirimen sus disputas territoriales entre ellas.
El pasado día 11 la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos (GAO) publicó un informe en el que critica la falta de colaboración efectiva de las dos agencias estadounidenses encargadas de luchar contra el tráfico de armas transfronterizo.
Regulación deficiente
El informe señala, entre otras cosas, que Estados Unidos no solo tiene dificultades para hacer cumplir sus leyes escritas en materia de tráfico de armas, sino que la regulación de que dispone requiere urgentes mejoras para evitar que las municiones adquiridas legalmente en Estados Unidos «acaben en manos de los carteles, las pandillas y la violencia criminal cotidiana de México».
Precisa el informe de rendición de cuentas que «cerca del 70 % de las armas de fuego incautadas por las autoridades mexicanas se pueden rastrear hasta los Estados Unidos y que la mayoría de estas habían sido compradas legalmente en estados fronterizos como Arizona, California y Texas, antes de ser objeto de tráfico ilegal con destino a México».
De fabricación europea
Una buena parte son armas de asalto de alta calidad y potencia fabricadas en países del este de Europa, como Rumanía y Bulgaria, y que posteriormente son modificadas en Estados Unidos antes de ser revendidas en México.
El de las armas que se pueden ensamblar se está convirtiendo, según los expertos, en un «problema muy serio» ya que la venta de este tipo de instrumentos de muerte carece virtualmente de regulación en Estados Unidos. El informe de la GAO concluye que el tema del tráfico de armas con México «está recibiendo una atención insuficiente a ambos lados de la frontera».