Finalmente, el sistema de asilo y control de fronteras de la Unión Europea ha saltado por los aires. Era quizás inevitable. Lento, insuficiente y poco práctico, estaba claro que no iba a poder superar una emergencia de las proporciones de la actual. La cuestión ahora es cómo dotarse de otras reglas en medio de una crisis como la actual, y con un grado de consenso entre los socios europeos menor que nunca en este asunto. Alemania, con el apoyo un tanto forzado de Francia, insiste en la necesidad de imponer cuotas de reparto de refugiados mientras que Hungría, que se ha sentido humillada, vuelve a enarbolar una retórica agresiva. En Budapest se habla de seguir fortificando la frontera e incluso de desplegar el ejército a partir del día 15 de este mes. Y Hungría no está sola, ha conseguido sumar a su postura intransigente a la mayor parte de los países del Este integrados en la Unión Europea, lo que no hace sino profundizar una de las divisorias culturales dentro de la UE: por una parte, la Europa occidental que al menos intenta convertir los derechos humanos en un valor absoluto; por otra, una Europa oriental políticamente incorrecta que ve el multiculturalismo como una amenaza y tiene a Rusia como preocupación casi exclusiva en materia exterior. No será fácil conjugar estas dos visiones opuestas, sobre todo porque no forman parte de debate práctico sino moral.
La primera oportunidad de hacerlo será a finales de este mes, cuando se reúnan los ministros de Interior y Justicia de la Unión para tratar el asunto. De momento, las ideas que se han lanzado como globos sonda parecen destinadas a aplacar a los que rechazan las cuotas. Se habla de ampliar el mandato de Frontex, la agencia europea de fronteras, para que pueda deportar inmigrantes ilegales o solicitantes de asilo rechazados desde cualquier país de la Unión. Y también se considera la propuesta británica de seleccionar a los asilados directamente en los campos de refugiados de las zonas de guerra, para impedir de ese modo que alimenten las mafias de contrabando de personas. La primera idea requiere cesiones de soberanía que caerán mal en algunos países, la segunda implica costes que caerán mal en casi todos. Al final, es fácil que surja la tentación que planea siempre en todas las crisis de la UE: parchear el sistema existente ante las dificultades de articular uno nuevo. El problema en esta ocasión es que la crisis de los refugiados sirios, lejos de ser una emergencia pasajera, no ha hecho más que empezar.
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