El gobernador de Puerto Rico asegura que la isla no puede pagar su deuda
09 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Mientras el mundo contempla la evolución de la situación griega, al otro lado del Atlántico tiene lugar una crisis similar. Se sabía que Puerto Rico tenía problemas económicos graves, pero unas declaraciones del gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, han hecho saltar todas las alarmas. García Padilla dejó clara la situación la semana pasada: «Puerto Rico no puede pagar su deuda». Y esa deuda es enorme: 72.000 millones de dólares (65.500 millones de euros), cifra que representa más del 100 % del PIB de la isla.
A partir de ahí, se desató el miedo. La coincidencia en el tiempo con la crisis griega ha servido para llamar la atención sobre la isla caribeña. Mientras unos, los que defienden el liberalismo económico (Wall Street Journal a la cabeza), reprochan a Obama que al tiempo que presiona a Europa para que no deje caer a Grecia abandone a un Puerto Rico en la misma situación, otros niegan que la crisis puertorriqueña pueda compararse con la griega, y entre estos, el más destacado es el premio nobel de Economía Paul Krugman.
Puerto Rico ha llegado a esta situación, y en esto coinciden ambas posturas, debido a su original estatus. La isla es lo que se conoce como un estado libre asociado de EE. UU. Eso quiere decir que no es un estado de pleno derecho. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y la moneda, la defensa, las relaciones exteriores y el comercio de la isla dependen del Gobierno federal de Washington. La isla tiene autogobierno, similar al de los cincuenta estados de EE. UU., y recibe ayudas federales, también igual que los estados de pleno derecho, pero los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones presidenciales, ni acogerse plenamente a los derechos constitucionales estadounidenses ni a todas las leyes del país. Una de esas leyes a las que no pueden acogerse es la de bancarrota. Y este es el eje del problema puertorriqueño actual.
Las autoridades de la isla llevan varios meses reclamando una acción del Congreso de EE. UU., el único que tiene poder para hacerlo, para que cambie esa ley y permita a Puerto Rico, como por ejemplo ocurrió con la ciudad de Detroit en el 2013, acogerse a la ley de quiebras. De ese modo podrían reestructurar su deuda, lo que en la práctica quiere decir reducirla, es decir, hacer una quita.
Las autoridades de la isla dicen que si no lo hacen así sus acreedores, fondos buitres y otras instituciones financieras, acudirán a los tribunales a reclamar su dinero y si estos obligan al estado a pagar deberá hacer frente a esos pagos por delante de sus obligaciones: pensiones, sueldos públicos, etcétera.
Pero el Congreso de EE. UU. no está por la labor de permitir la declaración de bancarrota. Los republicanos, que tienen la mayoría en las dos cámaras, se oponen a ello. El portavoz de Obama aseguró hace dos días que el presidente no va a intervenir porque debe ser el Congreso el que lo resuelva.
Para complicar todavía más las cosas y como EE. UU. celebra elecciones presidenciales el año próximo, la crisis de Puerto Rico se ha convertido en un asunto electoral. Hillary Clinton declaró el martes pasado que apoya que la isla se declare en bancarrota y Jeb Bush, que se perfila como su oponente más claro, dijo lo mismo. La opinión de Bush es minoritaria en su partido pero el voto latino tiene cada día más poder en el país, por lo que, en los próximos meses, podría hacer cambiar la postura de los conservadores en la Cámara Baja.