Un nuevo caso amenaza el regreso del líder de la derecha gala
08 mar 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Los móviles de Nicolas Sarkozy están sometidos a escuchas por orden judicial desde hace un año. Es la primera vez en Francia que un exjefe de Estado es objeto de pinchazos telefónicos. El caso, además de no tener precedentes, reúne todos los ingredientes de un gran escándalo. Dos de sus ministros del Interior, Claude Guéant y Brice Hortefeux, con las comunicaciones interceptadas; registros en el Tribunal Supremo y en el despacho del abogado de Sarkozy, también con el teléfono pinchado; un fiscal general del Supremo escuchado, registrado y sospechoso de tráfico de influencias...
El nuevo frente judicial que amenaza el regreso de Sarkozy a la política activa lo abrieron en abril del 2013 los dos jueces que investigan las sospechas de financiación ilegal de su campaña del 2007 por el libio Muamar el Gadafi. Los instructores pincharon los teléfonos de Sarkozy y de sus dos ministros del Interior citados. El mes pasado los jueces fueron informados de grabaciones de conversaciones de Sarkozy con su abogado Thierry Herzog y de este con el fiscal general Gilbert Azibert, de sensibilidad conservadora. El contenido giraba en torno a la decisión que ha de tomar el Supremo el próximo martes sobre la demanda de nulidad de la confiscación de las agendas de Sarkozy en el marco del caso Bettencourt, donde el expresidente francés ya ha sido exculpado de prevalerse de la demencia senil de la anciana multimillonaria.
«Escándalo de Estado»
Según filtraciones periodísticas, Azibert comentó a Herzog el clima que se respiraba en el Supremo sobre el caso de las agendas y el abogado le dijo a Sarkozy que al fiscal le gustaría acabar su carrera en el Supremo de Mónaco. Con estas premisas, la Fiscalía Anticorrupción, recién creada por el Gobierno socialista, abrió el 26 de febrero un sumario por violación del secreto de la instrucción y tráfico de influencias confiado a dos juezas que el martes pasado registraron los despachos y domicilios de Herzog y Azibert.
«Se ha montado un caso artificialmente», declaraba ayer en Le Monde Herzog, que denuncia un «escándalo de Estado» y una «violación monumental del derecho de la defensa». El abogado cree que el expresidente «permanece probablemente bajo escuchas telefónicas» y argumenta que el fiscal Azibert (al que conoce desde hace 25 años) es miembro de una sala de lo civil y no de la de lo criminal, que debe fallar el litigio de las agendas. «Demostraré en su momento que se trata de un asunto político», promete.