La corrupción, nuevo «casus belli» también en Venezuela

Militares y petroleros están en el punto de mira del presidente Maduro


redacción / la voz

Allá por el año 1813, en plena guerra de la independencia contra España, Simón Bolívar firmó un decreto en el que establecía la pena de muerte para quienes fueran hallados culpables de corrupción en la primera República de Venezuela.

Ya habían transcurrido desde entonces 186 años cuando un militar golpista llamado Hugo Chávez llegaba al poder por las urnas, agitando como principal banderín de enganche la lucha contra la corrupción, una lacra que con la IV República había alcanzado cotas altamente preocupantes.

En las últimas semanas Nicolás Maduro, el sucesor-designado de Chávez, legitimado por las urnas el pasado 14 abril, desplegó de nuevo el banderín de enganche de la lucha anticorrupción en Venezuela.

Gran misión

Una vez lanzado el debate en la calle, como primer paso fue poner en marcha la campaña «Eficacia o nada», elevándola a la categoría de «gran misión», algo que en el argot chavista equivale a asunto de máxima importancia para el Estado.

Hasta la fecha, los resultados tangibles de esa gran misión son la detención de cinco funcionarios implicados en el presunto desfalco de 65 millones de euros del Fondo Chino-Venezolano, que teóricamente estaba destinado a la construcción de viviendas sociales, y la detención del exgobernador chavista de Guarico, acusado de robo y desvío de fondos.

Pero la ofensiva, como no podía ser de otra manera, se hizo extensiva a la oposición. El diputado Richard Mardo fue acusado de lavado de dinero y le retiraron la inmunidad parlamentaria, y Óscar López, director del gabinete del gobierno de Miranda, también fue acusado de pagar eventos imposibles de justificar con su salario de funcionario.

El siguiente paso de Maduro fue plantear la solicitud a la Asamblea Nacional de una Ley Habilitante que le dé poderes especiales para luchar contra la corrupción, sabiendo que no cuenta con los votos necesarios para ello, y retar al líder de la oposición a un debate público sobre el tema para rechazarlo, cuando Capriles aceptó, alegando que había contestado demasiado tarde.

Distintos analistas venezolanos se preguntaban en los últimos días, ¿a qué juega Maduro? Lo insólito del caso es que el presidente pone como blanco de su cruzada a la oposición, a la que califica de «mafia amarilla», cuando su partido controla 20 de las 23 gobernaciones del país, 200 de las 335 alcaldías y cuenta con una holgada mayoría parlamentaria.

Por otra parte, a nadie se le escapa que a lo largo de estos 15 años de vacas gordas, con unas rentas petroleras sin precedentes, la gran tajada se la ha llevado la oligarquía chavista que tiene nombres y apellidos de sobra conocidos.

¿Quién y qué mueve a Maduro en este contexto?

Una pluma tan bien informada como Nelson Bocaranda apuntaba recientemente que el debate es una «sugerencia» cubana para sacar a relucir la corrupción de los militares y la industria petrolera que se le están yendo de las manos a Maduro y a Raúl. Tiempo al tiempo.

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