A diferencia de lo que ocurre en Galicia, donde la alta velocidad es una meta suprapartidaria que nadie discute, la conexión por AVE con España ha sido una línea divisoria entre la izquierda y la derecha portuguesa casi desde el mismo momento en que se diseñó. Por oposición a los socialistas, que hicieron bandera del enlace, los conservadores denostaron su construcción desde antiguo no solo porque viesen en él un derroche inasumible sino, sobre todo, porque podría menoscabar la soberanía lusa al convertir Lisboa en un radio más de Madrid y favorecer una mayor penetración de las empresas españolas en suelo portugués.
No sorprende, por tanto, que la primera decisión tomada por el Gobierno de Passos Coelho sea paralizar esa vía de comunicación: bajo la racionalidad de que sirve para rebajar el gasto público, se agazapa también un espíritu nacionalista que quiere mantener las distancias con España. La medida, que en la práctica arruina las ilusiones de una pronta conexión entre Galicia y Portugal por AVE, ilustra los costes que tiene la política de austeridad a ultranza que se ha impuesto en la UE como única forma de combatir la crisis. Es una medicina de hierro que sacrifica proyectos que se tenían por imprescindibles hace solo unos días y tras la cual salen más robustos quienes más nostalgia tienen de las fronteras.