Además de decidir la suspensión de la alta velocidad, el Gobierno luso entregó ayer a la troika económica que controla las finanzas del país (Fondo Monetario Internacional, Unión Europea y Banco Central Europeo) un drástico plan para ahorrar costes en el transporte ferroviario de Portugal. Hasta 800 kilómetros de línea férrea podrían ser desmantelados en el país para aligerar los altos costes de mantenimiento de una red envejecida y que ya en 1980 sufrió la anulación de 900 kilómetros. Varias empresas españolas podrían verse afectadas por dicha medida, al estar planteadas obras de mejora en las que tenían previsto concursar. Al consorcio liderado por FCC ya le fue rescindido en septiembre pasado la adjudicación de la construcción de un nuevo puente sobre el Tajo para posibilitar la llegada del AVE a Lisboa, decisión por la que la constructora española reclama ahora 10 millones de euros.