Episodios brutales ponen en aprietos a los Gobiernos de Ecuador y Bolivia, que prometieron reconocer en sus Cartas Magnas los castigos aborígenes
06 jun 2010 . Actualizado a las 02:08 h.La aplicación de la justicia indígena en Ecuador y Bolivia se ha plasmado el último mes en el linchamiento de policías y la tortura, quema o flagelación de presuntos delincuentes, poniendo en aprietos a los Gobiernos que impulsaron incluir en la Constitución esta justicia paralela.
Aborígenes quechuas bolivianos lincharon la semana pasada a cuatro agentes de la unidad antirrobos, a los que acusaron de ser ladrones de automóviles, algo que la policía rechaza. Los indígenas se negaron varios días a entregar los cuerpos, enterrados en tres poblaciones, porque exigían a los familiares desistir de cualquier acción judicial en represalia; finamente devolvieron los cadáveres.
En Ecuador, dos personas fueron quemadas vivas en otro caso en que los autores fueron detenidos y acusados de asesinato, pese a que se escudaron en el permiso para aplicar la «justicia indígena». «Procedieron a someterlos, amarrarlos de las manos, de los pies, los golpearon, y después uno de ellos trajo gasolina, se la echó en el cuerpo y los incineró hasta que se quemaron totalmente», relató el fiscal de la provincia amazónica de Orellana.
Entre el 2007 y el 2009 se registraron 80 ajusticiamientos en Bolivia, en su mayoría en las periferias de ciudades como El Alto (vecina de La Paz), Santa Cruz y Cochabamba, las principales y más pobladas del país andino.
La Carta Magna boliviana del 2009 prevé que las comunidades indígenas ejerzan «funciones jurisdiccionales» aplicando sus «normas y procedimientos», pero explica que «respeta el derecho a la vida». Mientras, la Constitución ecuatoriana del 2008 exige que estos mecanismos «no sean contrarios» a los derechos humanos. Rafael Correa advirtió que habrá que regular esas conductas, pero el líder nativo Santiago Santi respondió que «no hay credibilidad en la justicia común» y que «cuando hay un dictamen en la jurisdicción indígena, la común tiene que acatar». El Gobierno de Morales planea una Ley de Deslinde Jurisdiccional para que la justicia comunitaria sea ejercida solo en poblados indígenas, con autoridades propias y legalmente reconocidas, mientras que la barrial será considerada delito.
«No son posibles tantos signos de muerte, linchamientos sin ley, que no se haga justicia rápidamente, que se siga sembrando el temor», declaró el jefe de la Iglesia católica boliviana, cardenal Julio Terrazas. Manuel Sánchez, fiscal de la provincia ecuatoriana de Bolívar, calificó de tortura la tradición indígena de flagelar a los infractores con ortiga y bañarlos con agua helada.
Empero, Ricardo Chaluisa, dirigente de una comunidad, sostuvo que esas prácticas son parte de «una forma de limpiar el cuerpo y el espíritu» en Ecuador, donde se han registrado 2.105 casos de justicia indígena. Sin distinción, los aborígenes se encargan de juzgar todo tipo de casos, como robos, violaciones y asesinatos. Los adulterios y vicios como el alcoholismo tampoco escapan de ser castigados con el látigo.