En la decisión de cerrar el paso a otra reelección subyace el temor de las élites tradicionales a un posible caudillismo
28 feb 2010 . Actualizado a las 02:00 h.En el 2004, Álvaro Uribe improvisó un concepto que haría fortuna entre sus seguidores en Colombia: el del «estado de opinión». Se discutía la reforma que iba a permitir su primera reelección presidencial y Uribe argumentó que en asuntos de legalidad constitucional era el estado de opinión, y no las opiniones particulares de los jueces, el que debía prevalecer. Era una nueva formulación del viejo populismo, la idea de que el gobernante solo se debe a sus electores, no a las leyes. Funcionó entonces, porque la popularidad de Uribe, en plena desbandada de la guerrilla, era estratosférica. Y logró su reelección. Pero en su segundo mandato los triunfos contra las FARC se han estancado, y los escándalos y el desastroso estado de la economía han empezado a pasar factura.
Una encuesta de El Tiempo de Bogotá revelaba hace unos días que la mitad de los colombianos no votarían en caso de que el presidente los convocase a un referendo sobre este asunto. En contra de un «tercer Uribe» se mostró incluso Lina Moreno de Uribe, su esposa, si bien por razones personales. Todo esto ha permitido lo que hace un par de años habría sido difícil de imaginar: una decisión completamente independiente de la judicatura colombiana.
Defectos de forma
Con todo, hay que decir que la Corte Constitucional no se ha atrevido a tomar una decisión política. La pretensión del presidente de convocar un referendo para reformar la Constitución se rechaza por defectos de forma, no de fondo. El encargado de redactar la ponencia, el magistrado conservador Humberto Sierra Porto, se limita a señalar en la propuesta cinco «vicios protuberantes» (en el lenguaje legal colombiano) y otras diecinueve irregularidades.
Estas tienen que ver con cosas en principio tan accesorias como la manera en que financió y se organizó la recogida de firmas para el referendo, o el hecho de que la propuesta se aprobase en el Congreso con votos de tránsfugas.
No es, pues, el principio de la reelección lo que rechazan los jueces del Constitucional colombiano, sino la letra pequeña del libro de instrucciones. Salvando algunas diferencias, sería un caso parecido al de Honduras, que quizá ha pesado en el dictamen del alto tribunal.
Por supuesto, el que los jueces se hayan refugiado en estos legalismos no quiere decir que la sentencia no tenga una lectura política, porque la tiene. La democracia aproximada de Colombia se ha basado en los últimos ciento cincuenta años en la alternancia liberales-conservadores, un sistema en el que Uribe, con su apoliticismo que apela a superación de los partidos, supone un paréntesis. Aunque este apoliticismo es muy relativo, la oligarquía que representan los partidos tienen razones para temer que un caudillismo les acabe marginando.
Es irónico que en esto a Uribe lo ha perjudicado la construcción de Hugo Chávez como su Némesis, porque ahora es él quien parece a muchos como un chavista de derechas. Pero, ¿acaba aquí la carrera de Uribe? Depende solo de él. Igual que los Kirchner han podido convertir el poder en un patrimonio ganancial que comparten por turno, no hay que descartar que Uribe intente quizá una solución «a lo Putin» como hombre fuerte en la sombra. El «tapado» podría muy bien ser el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, por cuya candidatura acaba de lanzarse una campaña que lleva el nombre bastante explícito de «Si no es Uribe es Juan Manuel Santos».