Era el veredicto más esperado de la semana. El juicio contra el yemení Salim Hamdan, más conocido como el chófer de Osama Bin Laden, tocó a su fin ayer después de que un tribunal militar lo encontrara culpable de cinco cargos de apoyo al terrorismo, entre ellos haber trabajado a las órdenes del líder terrorista y su supuesta implicación en el transporte de material bélico para Al Qaida.
La decisión, que llegó después de tres días de deliberaciones por parte de los seis miembros encargados de juzgarlo, sorprendió. El motivo: el veredicto exime a este hombre de 40 años de los cargos más serios en su contra, aquellos que lo acusaban de conspiración para cometer actos terroristas contra la población estadounidense.
El que ha sido primer juicio militar de excepción desde la Segunda Guerra Mundial y también el primero que sale de los tribunales especiales creados en la base de Guantánamo, el caso de Hamdan fue desde su inicios una pesadilla para la Administración Bush, que en varias ocasiones ha visto cómo la detención de este hombre ponía en peligro la propia supervivencia del llamado campo-justicia. Amparado por el propio Tribunal Supremo, que en su última resolución admitió el derecho del chófer a ser juzgado por un tribunal civil y no por uno militar, la intervención de un juez federal permitió a última hora la celebración del proceso, si bien no consiguió acallar las críticas de la defensa.
Posible apelación
Convencidos de que su cliente actuó en todo momento como «un trabajador» y no como un «agente del terror», los abogados de Hamdan, quien se enfrenta a la cadena perpetua, ya han anunciado que apelarán contra la sentencia.
En la Casa Blanca la noticia se recibió como un triunfo personal del presidente George W. Bush, quien «siempre ha defendido la imparcialidad de estos juicios, como ha demostrado que no haya sido encontrado culpable de todos los cargos», en palabras del asistente del secretario de Defensa, Charles C. Smitson. Una teoría que no comparten todos los sectores de la política estadounidense, desde donde se acusa a los republicanos de haber forzado una sentencia mixta para lavar su imagen.