Súbitamente, y bajo intensa presión pública internacional, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, emitió un decreto que abre la puerta a un rápido intercambio de guerrilleros de las FARC por rehenes en poder del grupo armado.
Parece tratarse de un intento de obtener la liberación de Ingrid Betancourt, la ex candidata a la Presidencia colombiana secuestrada hace más de seis años y que, por su doble nacionalidad colombiana y francesa, es una prioridad de la diplomacia gala. Informes reiterados sugieren que su salud ha empeorado mucho y se teme por su vida.
El brusco giro es el resultado de consideraciones diversas, incluyendo cálculos políticos y rentabilidad eventual, además de consideraciones humanitarias, aunque la fuente que ha glosado el alcance del decreto 880 haya sido el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, cuya versión, muy favorable a su carácter ejecutivo y claro, mueven al optimismo.
Las FARC han sufrido graves pérdidas de credibilidad por su conducta y serios reveses militares que podrían suscitar un debate en sus filas.
Según el decreto, el Ejecutivo liberará a quien quiera a cambio de gestos de las FARC con la sola condición de que los excarcelados suscriban un compromiso de no volver a delinquir. Pero esto puede ser un inconveniente, porque unos mil ex combatientes rehúsan ser moneda de cambio y solo desean ser liberados y rehacer sus vidas por libre.
Hay otro problema que resolver: el Gobierno desea evitar que la liberación de Ingrid sea fruto de la gestión del bullicioso Chávez, que consiguió algunos éxitos, pero no poner la guinda en el gran pastel.