La Unión Europea está cada vez más cerca de alcanzar un acuerdo final sobre su nuevo Tratado, que deberá sustituir a la nonata Constitución y dotar a los Veintisiete de un renovado marco legal adaptado a sus necesidades de funcionamiento. Después de dos años de parón institucional tras el rechazo de Francia y Holanda a la Carta Magna europea, los jefes de Estado y de Gobierno pretenden escenificar en Lisboa a finales de esta semana el alumbramiento formal del nuevo texto. Y aunque todavía quedan algunos flecos que deberán discutir entre el jueves y el viernes en la capital portuguesa, todo parece indicar que la cumbre lisboeta acabará con éxito.
«La atmósfera es extremadamente favorable, hay voluntad política para cerrar el debate porque la Unión necesita este Tratado», señaló ayer en Luxemburgo el secretario de Estado portugués para Asuntos Europeos, Manuel Lobo Antunes, tras la reunión preparatoria que mantuvieron los ministros de Asuntos Exteriores.
En esa cita, los cancilleres pudieron constatar el alto grado de consenso que inspira el texto redactado por los expertos juristas de los Veintisiete, que pusieron negro sobre blanco el mandato que los propios líderes de la Unión acordaron el pasado mes de junio en Bruselas: el Tratado no tendrá carácter constitucional ni apelará a esa denominación; no bautizará a la bandera azul estrellada como enseña oficial de la UE ni legalizará como su himno la Oda a la alegría instrumentalizada en el último movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven. Tampoco citará al euro como moneda común de la UE y no incluirá en su articulado la Carta de Derechos Fundamentales.
Nuevo sistema de voto
Lo que sí hará el nuevo texto será recortar el número de materias sobre las que se exige unanimidad de los Veintisiete para llegar a acuerdos, y establecerá, con vigencia desde el año 2014, un nuevo reparto de poder que recorta la posibilidad de veto individual de cada país. Precisamente, es ese apartado en el que aún existen desencuentros, especialmente por parte de Polonia.
El Gobierno de los hermanos Kaczynski, que se enfrenta el domingo a unas elecciones generales adelantadas, logró el pasado junio incluir en el mandato a los juristas un mecanismo que, hasta el año 2017, permitirá demorar la aplicación del nuevo reparto de votos para la toma de aquellas decisiones que no precisen unanimidad, pero que contraríen a uno de los socios. El recurso a ese instrumento figura como una declaración en el borrador del Tratado, pero Polonia pide que sea parte del texto.
Además de las reticencias polacas, Italia pretende modificar el reparto de escaños acordado la semana pasada y que le hace perder seis eurodiputados. Por su parte, Bulgaria ha sorprendido a sus socios con una curiosa demanda: que la denominación oficial del Euro en alfabeto cirílico aparezca en los billetes de la divisa común en su traducción fonética, y no solo en la transcripción gráfica utilizada en la actualidad.