Los jueces se rebelan contra la comisión encargada por Chirac para el caso Juppé
INTERNACIONAL
El caso Juppé ha abierto una crisis en las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial en Francia. En una actitud inédita, la jerarquía de la magistratura se ha rebelado contra la comisión encargada por el presidente francés, Jacques Chirac, de investigar las presiones denunciadas por el tribunal que condenó por corrupción al presidente del partido gobernante. Los jueces supuestamente espiados, por su parte, se negaron a declarar ante la misión presidencial. El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) -equivalente al Consejo Superior del Poder Judicial en España- expresó ayer su desacuerdo con la iniciativa del jefe del Estado y lamentó no haber sido consultado de manera previa. Mediante un comunicado, un procedimiento excepcional, el órgano supremo de los jueces recordó que le corresponde asistir al presidente de la República en su papel constitucional de garante de la independencia de la autoridad judicial. Comisión presidencial La comisión presidencial, no contemplada por ningún texto, está formada por los presidentes del Consejo de Estado y de los tribunales de Cuentas y Supremo. A este último le correspondería examinar, llegado el caso, un último recurso por el sumario de los empleos ficticios en el partido fundado por el presidente. Los sindicatos judiciales temen una maniobra del Elíseo destinada a desacreditar al tribunal que condenó a Juppé para impugnar la sentencia en apelación por no haber sido deliberada con la necesaria serenidad. En gráfica expresión, el Sindicato de la Magistratura (izquierda) dijo que era como poner al lobo a vigilar el rebaño. Blindado por la inmunidad presidencial, Chirac ha eludido rendir cuentas por el escándalo que ha supuesto una pena de 18 meses de prisión sin cumplimiento y diez años de inhabilitación para ejercer cargos electivos al que era su heredero preferido. Los autores de la condena dieron el golpe de gracia a la estratagema al negarse a prestar declaración ante la comisión presidencial. Los tres magistrados indicaron que deseaban reservar sus explicaciones a los jueces instructores encargados del caso por la Fiscalía y, eventualmente, al propio CSM.