La Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha desentrañado el pasado más sangriento, violento y racista del país, donde los más pobres fueron los perdedores
22 ene 2004 . Actualizado a las 06:00 h.Un país que olvida su historia está condenado a repetirla. Esta vieja, manida y discutible sentencia abre e inspira absolutamente, y así aparece destacada, el voluminoso informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en el que en nueve gruesos tomos de papel, o 200 megabytes de memoria dura (muy dura), se describen los crímenes y atrocidades perpetradas en Perú entre los años 1980 y 2000. Las conclusiones finales fueron presentadas en Lima a finales del verano y poco a poco se han ido dando a conocer por todo el mundo. La más escalofriante es ésta: 70.000 personas muertas (siempre se pensó que eran 35.000), en su inmensa mayoría campesinos, pobres, analfabetos o de mínima instrucción, habitantes del Perú andino o el selvático, con el quechua como lengua principal. Poblaciones que durante dos décadas se encontraron en medio de fuegos cruzados y acciones salvajes de las organizaciones terroristas (Sendero Luminoso y Túpac Amaru) y del lado más gris de las fuerzas estatales. Desplazados Ha habido casi cuatro millones de desplazados, éxodos del inmenso mundo rural que han multiplicado por dos o tres la población de las grandes ciudades; gravísimos desequilibrios sociales que se acentuaron durante el conflicto soterrado: más desigualdad, más pobreza, la instauración una cultura del temor, el terror y la desconfianza. Esta Comisión, creada al poco de caer el Gobierno de Fujimori, que ha trabajado durante 22 meses formada por un grupo de 13 notables a priori imparciales (representantes de toda la esfera social del país, militares incluidos) ha querido comenzar a enmendar investigando la verdad, comprendiendo los hechos que originaron la violencia y con propuestas de reparación y reforma. Presidida por Simón Lerner Febres, rector de la Pontificia Universidad Católica de Perú, se ha enfrentado a la herida más grande de los 183 años de vida de la nación andina, 2,5 veces España en superficie pero con poco más de la mitad de población, y que en la actualidad, a pesar de las convulsiones políticas que aún atenazan su pasado reciente, comienza a dar síntomas de convertirse en la segunda economía suramericana más pujante, tras Chile. Y, en un ejercicio de autocrítica sin precedentes, la CVR estima que la tragedia que sufrieron los peruanos más desfavorecidos «no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país, lo que delata el velado racismo y las actitudes de desprecio subsistentes en la sociedad peruana a casi dos siglos de nacida la República». Ha recogido más de 15.000 testimonios, logrado la desclasificación de documentos, averiguado la situación de lugares de enterramientos colectivos o fosas comunes. Acusaciones Sus miembros se han enfrentado a acusaciones de parcialidad, han elogiado a quienes lucharon por la justicia y los derechos humanos pero han criticado con firmeza a quienes contribuyeron a la catástrofe humanitaria: los grupos terroristas, fundamentalmente (el 54% de la víctimas lo fueron a manos de acciones de Sendero Luminoso), pero no han quedado sin su porción de culpa, en la respuesta, sectores policiales, militares, gubernamentales, de la Iglesia, del periodismo o de los poderes legislativo y judicial. En nueve tomos se desgranan las torturas, las ejecuciones, violaciones y atentados indiscriminados miles de las páginas más sangrientas de la América Latina del último siglo.