Primer informe oficial sobre los sucesos del 11-A un año después El Defensor del Pueblo presentó sus conclusiones a la Asamblea Nacional
09 abr 2003 . Actualizado a las 07:00 h.Opositores venezolanos y chavistas comparten la responsabilidad en el tiroteo que dejó 19 muertos en Caracas el 11 de abril de 2002, cuando una multitudinaria concentración opositora fue desviada al céntrico Palacio de Miraflores, dijo ayer el Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín. Estos sucesos prologaron el efímero golpe de Estado que separó del poder por 48 horas al presidente Hugo Chávez, restituido luego por sus simpatizantes. «Allí hay responsabilidades de ciudadanos identificados con el Gobierno y de ciudadanos identificados con la oposición», enfatizó Mundaraín al presentar un informe de los sucesos a la Asamblea Nacional. Éste señala también que 41 personas murieron entre el 12 y el 15 de abril del 2002 en hechos que podrían estar vinculados con la violencia posterior al golpe o en hechos delictivos.Éste es el primer informe oficial sobre los sucesos de ese día. Se trata de «una reconstrucción de los hechos» que busca ir más allá de las versiones interesadas. Tradición de impunidad Explicó que el informe contiene el desarrollo de las marchas y concentraciones del Gobierno y de la oposición el día del golpe y, además, se ubican los lugares donde estaban enclavados los grupos policiales tenían la misión de evitar que ambas concentraciones se encontraran. A su juicio, la situación se descontroló cuando la Policía Metropolitana, adscrita al opositor alcalde caraqueño Alfredo Peña, rompió la barrera y se desplazó hacia donde estaban los partidarios de Chávez. El informe contiene los lugares exactos donde cayeron las víctimas mortales y los heridos, además de los tiradores encubiertos o francotiradores que actuaron en los disturbios. La cifra de los muertos de la oposición es muy similar a la de los sectores identificados con el Gobierno.Afirmó que en Venezuela existe una «tradición de impunidad». Estimó que la sentencia que exculpó de los delitos de rebelión a los efectivos involucrados en el golpe es «una contribución a la impunidad. No es posible que los que secuestraron al presidente e insurgieron contra el Estado de derecho estén paseándose por las calles».