El Tribunal Supremo rechaza el traslado de Milán a Brescia del juicio contra el primer ministro italiano, quien califica a los jueces de «magistratura jacobina de izquierda»
29 ene 2003 . Actualizado a las 06:00 h.Silvio Berlusconi es un corredor de fondo acostumbrado a cambiar de superficie. En su larga carrera, que inició como cantante en un crucero en el Mediterráneo, ha pasado de la empresa a la política sin apenas despeinarse. Ha perdido algún pelo que otro, es cierto, pero también se ha hecho con dos de los títulos más preciados: el de hombre más rico de Italia y el de primer ministro. Il Cavaliere siempre ha soñado con ser presidente de la República, Papa o rey. Su carencia de fe y sangre azul han supuesto un freno a sus aspiraciones, pero le ronda en la cabeza el puesto de Carlo Azeglio Ciampi. Una presidencia reforzada mediante una ley ad hoc, con mayores poderes, que le permitiría controlar al Ejecutivo. Así estaba el primer ministro italiano cuando los jueces de Milán encontraron un pelo suyo en la sopa. Berlusconi pretendía trasladar de Milán a Brescia el proceso SME, en el que se le juzga por corrupción de magistrados. Para ello apeló a una norma hecha a su medida, la ley de legítima sospecha, aprobada con celeridad por la coalición de centroderecha hace unos meses. Las artimañas de los abogados para cambiar de tribunal, alegando la parcialidad de los jueces de Milán respecto al primer ministro, no dieron resultado. El Tribunal Supremo ha rechazado la petición y Berlusconi se ha quedado solo en casa. Antes de abandonarla para visitar a Blair, Bush y Putin en sus respectivos países, Berlusconi ha atacado frontalmente a la «magistratura jacobina de izquierdas». «El Gobierno es del pueblo y de quien lo representa, no de quienes han aprobado una oposición, se han puesto una toga y tienen sólo el deber de aplicar la ley», dijo el primer ministro, que se consideró víctima de una «inaudita cadena de investigaciones judiciales» llevadas a cabo con «hostil ensañamiento». El odio que siente Berlusconi hacia los jueces de Milán es conocido. Además de las campañas de desprestigio institucionales y mediáticas emprendidas contra ellos, el primer ministro pretende una gran reforma de la Justicia. Es el único poder, en realidad, que se le escapa de las manos. Si el proceso hubiese sido trasladado a Brescia, por ejemplo, Berlusconi estaría salvado: el traslado de las actas y el nombramiento de los nuevos jueces duraría meses, lo que aumentaría las posibilidades de prescripción. Es, precisamente, lo que le ha ocurrido con el proceso Lodo-Mondadori, otro caso de corrupción judicial en beneficio del coloso Fininvest, propiedad de Berlusconi. Él no podrá ser juzgado porque su delito ha prescrito, pero en el banquillo de los acusados se sentará el diputado Cesare Previti, abogado y amigo del primer ministro. El veredicto, en Semana Santa, será un anticipo de lo que está por venir. Mientras, Berlusconi puede seguir preparando su estrategia presidencial, haciendo gala de ese maximalismo irresponsable que le lleva a pensar que la separación de poderes no existe o que la Justicia es él.