Algunos retos de los concellos gallegos para la aplicación de la nueva tasa del tratamiento de residuos
GALICIA
Cuando se analiza lo que supone la aplicación de la nueva tasa sobre los residuos es inevitable señalar que las entidades locales, especialmente ayuntamientos y diputaciones, que son las principales prestadoras de este servicio, tendrán mayores dosis de responsabilidad. El modelo para la prestación de este servicio ha cambiado y se ha pasado —afortunadamente— de un sistema clásico (recogida, transporte y depósito), a un nuevo marco donde se realiza un ejercicio integrador (prevención, separación, recogida, transporte y tratamiento de los residuos), poniendo el foco sobre la economía circular.
Los que estudiamos el mundo local aplaudimos este cambio de rumbo, pero esta nueva estrategia también impone nuevas obligaciones y desafíos a las entidades locales, en especial a los ayuntamientos. Si a esto añadimos el eterno problema del minifundismo local en Galicia —llueve sobre mojado— no siempre se cuenta con la capacidad económica y los recursos humanos para poder prestar adecuadamente este servicio fundamental.
Como primer reto, no cabe duda de que la nueva contraprestación debe ser repercutida sobre los receptores del servicio, es decir, las personas usuarias (quien contamina, paga), que experimentarán necesariamente un aumento del importe del recibo que pagaban por este concepto. No se pueden utilizar otras vías para financiar este gasto.
Otra barrera para superar es la necesidad de realizar un ejercicio didáctico a la ciudadanía sobre el coste real del servicio y el importe que deben asumir. Todos hemos comprobado como la cuantía a pagar por este concepto ha aumentado considerablemente desde la aplicación de la nueva tasa, pero las campañas de comunicación no han abundado. Una ciudadanía que sabe por qué paga asumirá mejor el impacto tributario.
Como tercer reto es necesario individualizar el coste de la prestación del servicio, no incluyendo otros conceptos que no sea el que se deriva de la propia actividad. El recibo debe identificar claramente su objeto y no incorporar nada más que la propia prestación. Otra vez más, la transparencia es fundamental para que la ciudadanía sepa por qué se le cobra el citado importe
Suma y sigue. Un cuarto reto al que se enfrentan los ayuntamientos es la necesidad de contar con ayuda o asesoramiento para la correcta elaboración de la ordenanza fiscal que regule la tasa. La Administración pública local cuenta con excelentes profesionales y técnicos, pero no vendría mal algún apoyo adicional sobre todo en la redacción de la normativa —actualmente vigente o para el futuro en los más que previsibles cambios— pensando, por ejemplo, en un sano ejercicio de armonización fiscal. No se trata de imponer determinado modelo de ordenanza fiscal, pero sí colaborar para que no se produzcan excesivas divergencias en su diseño. Evidentemente todo esto siempre salvaguardando el principio de autonomía local.
Los desafíos municipales en la aplicación de la nueva tasa no acaban aquí. Es necesario que los ayuntamientos apliquen herramientas económicas y financieras adecuadas. En especial que acudan a la contabilidad de costes para conocer el importe real y efectivo del servicio que están prestando. Aunque no siempre es sencillo, es imprescindible que los técnicos municipales conozcan y apliquen estos potentes instrumentos de análisis y cuantificación. Solo conociendo cuánto supone la prestación se podrá derivar su coste a los beneficiarios.
Como se puede comprobar los ayuntamientos se enfrentan a importantes retos —que no siempre pueden superar solos— para garantizar un tratamiento responsable en la aplicación de esta nueva tasa.