PSOE y Sumar vuelven a bloquear en el Congreso el debate sobre la transferencia de la AP-9 a la Xunta
GALICIA
Los populares aseguran que el BNG «foi enganado unha vez máis polo Goberno de Sánchez» al dar por hecha la semana pasada el levantamiento del veto de la Cámara Baja
14 oct 2025 . Actualizado a las 16:53 h.El paso que el Congreso de los Diputados concedió la semana pasada en favor de abordar el debate sobre la transferencia de la AP-9 a la Xunta, se ha quedado en nada siete días después. La mayoría que ostentan en la Mesa del Congreso el PSOE y Sumar ha vuelto a imponer hoy otra prorroga del plazo de presentación de enmiendas a los artículos de la ponencia que debería dar forma a la petición planteada por unanimidad y en cuatro ocasiones por el Parlamento de Galicia para que la Administración autonómica se convierta en dueña de la autopista.
Tras cerrar el martes pasado la fase de presentación de alegaciones en general a la propuesta emanada del Parlamento gallego, la Mesa de la Cámara Baja considera ahora que es necesario más tiempo para que se definan las propuestas sobre los posibles artículos de dicha ley, concediendo así la prórroga número 45 desde que se puso el cronómetro en marcha para la presentación de enmiendas por parte de las formaciones políticas presentes en las Cortes. Van 60 aplazamientos, si se suman los acumulados en la anterior legislatura al mismo asunto.
El augurio formulado la semana pasada desde el BNG de que el desbloqueo de la fase de enmiendas a la totalidad conduciría ahora sí a la apertura del debate sobre la transferencia de la AP-9, no se han cumplido y cuenta con un nuevo margen, al menos, hasta el día 22.
Tanto en esta legislatura como en las anteriores bajo Gobiernos encabezados por el PSOE y antes por el PP, el Ministerio de Transportes ha mostrado su rechazo a la transferencia a la Xunta de la titularidad de la autopista, aduciendo primero el interés general del vial, y después que sería difícil traspasar la responsabilidad de una infraestructura en la que las arcas del Estado se hacen cargo de unas bonificaciones de los peajes que pueden llegar a cubrir hasta el 75 % del coste de las tarifas en cada viaje de ida y vuelta y que se han comprometido hasta el final de la concesión en el 2048.
El nuevo aplazamiento llevó ayer al PP a denunciar los «case seis anos de bloqueo desde que en decembro de 2019 dera inicio a tramitación desta proposición na Cámara Baixa». El diputado popular Celso Delgado recordó la postura «claramente triunfalista» del diputado nacionalista Néstor Rego al dar por alcanzada hace unos días la fase de tramitación de la proposición de ley. «Pero tal cousa non ocurreu e o independentismo galego foi enganado unha vez máis polo Goberno de Sánchez», valoró Delgado, que aludió a «connivencias» entre el BNG y el Ejecutivo central.
«Conseguimos que el PSOE se moviese y hoy en la Mesa se vaya a cerrar el plazo para la tramitación de la ley de transferencia de la AP-9 a Galicia», había manifestado Rego la semana pasada aludiendo a la finalización del período de enmiendas a la mera propuesta de la transferencia. «Si no hay enmiendas a la totalidad, la próxima semana sería el (fin de) plazo de enmiendas parciales», añadía augurando el cierre de todo el proceso para este martes. «Nuestro objetivo es que se debata en este período de sesiones y por tanto que este compromiso del Gobierno con Galicia, que es un acuerdo unánime de todas las fuerzas con representación política en el Parlamento de Galicia, sea una realidad antes de que finalice este año», expresaba el nacionalista al tiempo que hacía pública su satisfacción por el paso conseguido y arrancado por su grupo durante la tramitación y apoyo en la Cámara Baja a la aprobación la semana pasada de la Ley de Movilidad Sostenible.
Cuando se cierre el plazo de presentación de enmiendas al articulado de la proposición de Ley de transferencia a la Xunta de la titularidad de la AP-9, dicha cuestión tendrá que ser sometida a la conformación de un texto en formato de ponencia, para luego ser debatida en la Comisión de Transportes del Congreso, pasar posteriormente al pleno de la Cámara y luego al Senado. Si supera todas esas fases de discusión parlamentaria antes del final de la presente legislatura, sería convocada la comisión mixta de transferencias entre el Gobierno central y la Xunta de Galicia para discutir y acordar, por un tiempo mínimo de seis meses, cómo se realizaría ese traspaso y cómo se dotaría económicamente, dado que la Administración gallega exige que la cesión de la titularidad vaya a acompañada de las partidas necesarias para hacer frente al abono de las bonificaciones existentes, las obligaciones económicas acordadas con la concesionaria Audasa, y las inversiones en obras previstas hasta el final de la concesión, dentro de 23 años.
La Xunta ha tasado en 526 millones de euros el coste de la citada transferencia, listón que el Gobierno central ha llegado a situar entre 4.000 y 6.000 millones, pero sin llegar a diferenciar el monto que se destinaría al rescate de la concesión y cuánto sería el traspaso a la Administración gallega sin cargas con la concesionaria. Un estudio encargado por el BNG a la Universidad de A Coruña situó en 904,7 millones de euros la factura que habría que pagar por el rescate, concepto por el que la Xunta calcula serían necesarios 2.356 millones.