La Xunta teme que el Gobierno castigue a las universidades gallegas por haber hecho los deberes y alcanzar ya el 1 % del PIB en financiación pública
GALICIA
El ministerio elaboró una metodología en la que incluye como aportación pública la matrícula que pagan las familias o los contratos con empresas privadas
08 abr 2025 . Actualizado a las 13:50 h.La nueva ley universitaria, la LOSU, introduce el objetivo de que en el año 2030 se destine como mínimo el 1 % del PIB al gasto público en educación universitaria pública. Un objetivo al que deben ir acercándose estas instituciones aunque de momento el ministerio no ha elaborado ningún plan de financiación para conseguirlo. Lo que sí ha publicado recientemente el Gobierno estatal es una metodología para saber cómo calcular el porcentaje, así que la Xunta ha decidido hacer las cuentas para conocer su situación actual.
Aplicando los criterios del ministerio, en el año 2023, el último con cuentas liquidadas y PIB cerrado, las universidades gallegas ya llegaron a ese 1 %. El PIB fue de 77.356.000.000 euros y el gasto público total de todas las administraciones —incluyendo local, autonómica, estatal y europea— en la universidad gallega de 771.948.383,08, lo que implica un porcentaje del 0,9979 %. Por eso la Xunta ha levantado la voz de alarma al temer que en este plan de financiación que debe hacer el Gobierno estatal, y que urge, se penalice a Galicia por haber hecho los deberes frente a las instituciones infrafinanciadas en otras comunidades.
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, no tuvo dudas en mostrar esos temores en la presentación del análisis, «porque xa nos pasou por exemplo co programa María Goyri e claro que o tememos». Se refiere en concreto al plan para estabilizar al profesorado, que aportó más fondos a aquellas universidades que no habían hecho los deberes y por lo tanto tenían relaciones laborales más negativas e inestables con su plantilla docente.
La Xunta exige al ministerio que elabore un plan de financiación estatal para garantizar este 1 % del PIB y que Galicia reciba lo que le corresponde, «consonte ao esforzo realizado e que nos permite estar hoxe onde estamos. Non imos permitir que sexa penalizada con menos financiamento estatal por ter xa cumprido co obxectivo con varios anos de antelación», insistió el conselleiro.
Un cálculo cuestionable
Otro de los apuntes desgranados por Román Rodríguez, acompañado por el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, y el presidente de la Acsug, Juan José Nieto Roig, es que en la metodología del ministerio se incluyen fondos que no proceden de administraciones públicas sino del bolsillo de las familias, como por ejemplo todas las tasas de matrícula o el coste que pagan por determinados servicios. En Galicia en el 2023 fueron 41 millones de euros, por lo que habría que restar esta cantidad. La consellería realizó su propio cálculo de una forma más objetiva y sustrajo estos fondos, pero añadió otros que sí son aportados por las administraciones públicas a entidades dependientes de las universidades, como Unixest, el Citmaga o la Fundación Rof Codina, lo que supondría casi 31 millones. El balance es que con este cálculo más aproximado la financiación no alcanza el 1 % del PIB pero igualmente se queda muy cerca, en un 0,98 %.
Lo cierto es que ambos cálculos incluyen fondos privados que habría que excluir, porque los recursos que captan los investigadores a través de proyectos de investigación y contratos con empresas privadas también se incluyen en este gasto, cuando en realidad no es una aportación pública sino claramente privada.
El conselleiro recordó que la senda gallega es la de incrementar más aún este 1 % y de hecho en el 2024 se superó al incluir más capítulos como el plan de infraestructuras o la matrícula gratuita, que por lo tanto ya no aportan las familias.