Jueces y fiscales firman mañana su subida salarial mientras los funcionarios amenazan con recrudecer sus protestas
GALICIA
El Gobierno paralizó la amenaza de huelga con una subida de 450 euros al mes
22 may 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales —todas excepto la Asociación Profesional de la Magistratura— firmarán mañana con el Ministerio de Justicia la subida de 450 euros al mes que acordaron la semana pasada tras cinco reuniones y una amenaza de huelga cuya fecha de inicio estaba prevista para hoy. Mientras, los funcionarios de la Administración de Justicia esperan que el departamento dirigido por Pilar Llop les llame para reanudar las negociaciones que se vieron frustradas el pasado 24 de abril y poner fin al parón que mantienen desde hace un mes.
Una vez superado el conflicto del ministerio con jueces y fiscales, continúa el de los funcionarios, que mantienen una huelga indefinida de paros parciales desde el pasado 17 de abril que se recrudece desde hoy con una huelga de paros totales de 24 horas. El comité de huelga —integrado por los sindicatos CSIF, STAJ, CC.OO. y UGT— exige una mejora salarial de entre 350 y 430 euros para los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia, lo que supondría una inyección de unos 200 millones de euros, informa Europa Press.
El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, había dicho a los funcionarios que el ministerio se sentaría a negociar con ellos cuando resolviera el conflicto con jueces y fiscales. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación trasladaron a Europa Press que es posible que los contactos oficiales no tengan lugar hasta después de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. El motivo es que los funcionarios de Justicia son un cuerpo que depende del ministerio y de las comunidades autónomas con competencias transferidas, por lo que se optaría por esperar a que se formasen los nuevos gobiernos.
Está previsto que mañana a mediodía los funcionarios se manifiesten frente a la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. Para el jueves han convocado una marcha desde el Ministerio de Justicia hasta la Secretaría de Función Pública, en el centro de la capital.
Turno de oficio
A estos dos conflictos relacionados con la Administración de Justicia, se suma todavía uno más, en este caso de ámbito gallego. Abogados del turno de oficio de las cuatro provincias se concentraron el viernes ante el Parlamento de Galicia para reclamar condiciones «dignas» debido a la precariedad laboral que aseguran que padecen.
El presidente del TSXG espera recuperar en un año la actividad judicial aplazada por los paros
En un año se habrá compensado la actividad aplazada en los juzgados gallegos durante la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que duró unos tres meses y supuso la suspensión de casi 19.000 actuaciones judiciales. Al menos, eso es lo que cree el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, quien recordó que la Justicia gallega ya se había recuperado de las dos grandes últimas crisis: la huelga del 2018 y la paralización obligada por la pandemia. Por eso, los asuntos se recuperarán de forma paulatina: «No van a ser objeto de una actuación especial o de un plan de contingencia, pero sí de un tratamiento en cada uno de los juzgados»,
Lo dijo el presidente del alto tribunal en una entrevista concedida ayer a la Cadena Ser, en la que añadió que la afectación del paro ha sido «transversal», y ha afectado más en Pontevedra que en A Coruña.
No solo habló de la huelga Díaz-Castroverde. También abordó el tiempo de espera para el veredicto del macrojuicio del Alvia: no hay plazos oficiales pero «a nivel personal y no como presidente del TSXG», cree que podría plantearse un plazo de tres a seis meses para la sentencia. «Puede ser [que llegue antes de final de año], pero no quiero decir nada para que la jueza no se sienta presionada», insistió.
También comentó que para este año han solicitado dos plazas de magistrado de audiencia (una para la provincial de A Coruña y otra de Pontevedra) y nueve juzgados, entre ellos de 1.ª instancia en A Coruña y Ourense. «Pero la verdadera preocupación es la implantación de juzgados de violencia de género. Solo tenemos en A Coruña y Vigo y queremos en las siete ciudades», recalcó.