La asociación mayoritaria de jueces rechaza por «insuficiente» la subida de 450 euros al mes que ofrece el Gobierno

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Juan José Carbonero, a la salida de la reunión con el Gobierno el martes.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Juan José Carbonero, a la salida de la reunión con el Gobierno el martes. Diego Radamés | EUROPAPRESS

La Asociación Profesional de la Magistratura hace público su malestar antes de la reunión de este jueves con el Gobierno

21 may 2023 . Actualizado a las 18:56 h.

«El malestar es grande», aseguran desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, que un día antes de la reunión con el Gobierno anunció este miércoles que se desmarca de su última propuesta económica, de 46,7 millones de euros. La asociación considera «insuficiente e inasumible» la oferta del Ejecutivo, que supone una subida media de 450 euros por nómina para los más de ocho mil jueces y fiscales que ejercen en España.

La comisión permanente de la APM advierte que la propuesta del Ejecutivo «es idéntica» a la que les fue presentada el 8 de mayo en la segunda reunión de la mesa de retribuciones. Este rechazo de la asociación mayoritaria de jueces deja al Gobierno en una situación muy complicada de cara a la reunión convocada para hoy, en la que tendrá que escuchar las respuestas del resto de las asociaciones a su documento. Y no se esperan muchos apoyos, con lo que la amenaza de huelga está cada vez más cerca de cumplirse.

Ahora mismo, el Ejecutivo solo tiene el respaldo de dos de las siete asociaciones representativas de las carreras judicial y fiscal. Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ya le han comunicado que aceptan la propuesta presentada por los ministerios de Justicia y de Hacienda. Todo lo contrario que la Asociación Profesional de la Magistratura, que lamenta que «no haya habido cambio alguno» por parte de los negociadores de los ministerios de Justicia y de Hacienda.

A la espera de lo que decidan la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Asociación de Fiscales (AF), Foro Judicial Independiente (FJI) y Asociación Profesional de Fiscales Independientes (APFI), que son las otras asociaciones más alejadas de un posible acuerdo con el Gobierno, la APM confirma que sus representantes acudirán a la reunión de hoy, jueves, en el ministerio «con voluntad negociadora y actitud constructiva, velando, como siempre, por los intereses de la carrera judicial y por la defensa de su dignidad».

El documento del Gobierno propone el aumento salarial en forma de complemento de destino por representación. La subida supone entre 440 y 450 euros por nómina, tanto para jueces como para fiscales. La cantidad solo varía en función del destino de cada uno. El documento plantea que ese aumento se alcance de manera gradual entre este año y el próximo, con efectos retroactivos del pasado 1 de enero para el 40 % del incremento. El segundo 40 % se aplicará el 1 de enero del 2024, mientras que el 20 % de la subida tendrá efectos económicos el 1 de julio del año que viene.

La oferta supone un aumento medio del 7 % sobre las retribuciones individuales de jueces y fiscales, que se suma al 8 % aprobado en un acuerdo de octubre del 2022 que contempla subidas salariales a desarrollar entre el 2022 y el 2024 para toda la Administración.

Además de los aspectos económicos, el Gobierno ve necesario «realizar un esfuerzo» por parte de la Administración para aumentar, a corto plazo, el número de jueces y fiscales, por lo que propone la creación de 200 nuevas plazas, distribuidas entre este año y el próximo. 

Funcionarios de Justicia se manifestaron este miércoles en Madrid.
Funcionarios de Justicia se manifestaron este miércoles en Madrid. Rodrigo Jimenez | EFE

Protestas de los funcionarios en Madrid y de los abogados del turno de oficio

Funcionarios de los cuerpos generales de la Administración de Justicia acusaron este miércoles al Gobierno de «hacerse el sordo» ante el grave perjuicio que, a su juicio, está causando la huelga que mantienen desde el pasado 17 de abril y han reclamado que se reactive la negociación en aras de conseguir una subida salarial global de 200 millones de euros, hasta llegar a un aumento unos 430 euros al mes por nómina.

Un centenar de funcionarios de Justicia se concentraron frente a la sede del ministerio que dirige Pilar Llop. Los manifestantes iban ataviados con togas hechas con bolsas de basura y con claveles, estos últimos en referencia al viaje que hizo la ministra el pasado abril a la Feria de Sevilla, en Andalucía, durante el inicio del conflicto.

Pero no es el de los funcionarios el único colectivo del ámbito judicial que sale a la calle para protestar contra el Gobierno socialista. Los abogados del turno de oficio también están descontentos y este viernes, a las 12 horas, está prevista una manifestación en Santiago, convocada por Dignidad Abogacía. Este colectivo asegura que los abogados de oficio están totalmente desamparados desde hace mucho tiempo, sin que su relación con la Administración se encuentre regulada y, por tanto, sin tener reconocido el más mínimo derecho como trabajadores. Estos profesionales reclaman tener derecho a vacaciones, a bajas por enfermedad y la dignificación y respeto en sus funciones.